Por Jorge Nahum, del diario Día a Día, de Córdoba.
La esposa y la hermana de Cristian, cuando las recibió el gobernador. |
“Queremos justicia, que los asesinos de mi hijo queden de por vida en la cárcel”, solloza Marta Noemí Salto en su vivienda de la comunidad de San Antonio, en el Santiago profundo. Ella sabe que la vida es áspera, pero estas lágrimas son de un dolor nuevo, desconocido. A su hijo lo mataron a sangre fría, asegura, por defender su tierra. Le dispararon en la pierna con una escopeta y murió desangrado. Por el hecho fue detenido el trabajador rural Javier Juárez, acusado de ser el autor del disparo, también su hermano Arturo y su empleador, el empresario sojero Jorge Ciccioli, quien sería el instigador.
Ferreyra (23 años) era militante del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), que resiste a los intentos de desalojos por parte de empresarios que quieren acaparar más tierras para sembradíos. Desde la agrupación denunciaron que Ciccioli ya había amenazado públicamente que mataría a un campesino para que lo dejaran de “molestar”, y que bandas de hombres armados amedrentan a los pobladores del norte santiagueño, como parte de un plan trazado por empresarios de Tucumán y Santa Fe, Los Julianes, Ciccioli, Villa, Saud.
“Responsable político” y "escrache"
“El gobernador (Gerardo) Zamora es responsable político de este asesinato, porque sabía de la situación y mintió. Ahora quiere acallar el crimen, tapar todo, pero en su conciencia le debe pesar la muerte de Cristian en una zona liberada para los matones de Ciccioli y otros empresarios”, manifestó Adolfo Farías, militante del Mocase, en diálogo con Día a Día horas después de la marcha del viernes en Monte Quemado, pidiendo que la muerte de Ferreyra sea esclarecida.
“Fue una marcha pacífica, con un escrache al juez (Alejandro) Sarría Fringes, quien estaba al tanto de la situación y nos dijo que si seguíamos con las denuncias nos metería presos a nosotros. Y también vamos a ir por el gobernador, con un petitorio de siete puntos para que frene el desmonte y los desalojos en forma definitiva porque es la forma en que los empresarios avanzan con sus hectáreas de soja”, añadió Farías.
Sobre el proceder de Zamora, el militante campesino insistió en que la estrategia del gobierno es manipular la causa y que no se hable más del tema. “Ahora dio la orden de que se frenen los desmontes por 180 días, lo que no es verdad porque nosotros vimos máquinas sacando árboles en distintos lugares. Pero además, lo indignante es que esperó que se derramara sangre para dar la orden”, lamentó Farías.
Además de la marcha en Monte Quemado, el viernes último hubo otra en Buenos Aires con organizaciones campesinas y movimientos sociales, entre ellos el Mocase, el Movimiento Evita y el Frente Transversal de la CTA, que llegaron hasta el Congreso de la Nación para repudiar el crimen de Ferreyra y apoyar la presentación de un proyecto de ley que suspende los desalojos de tierras rurales por cinco años.
Además de la madre, había otra mujer en la vida de Cristian Ferreyra, su esposa Beatriz Juárez, quien el pasado miércoles fue recibida por el gobernador Gerardo Zamora. En la reunión, la mujer explicó que a su esposo le dispararon cuando estaba indefenso y que no sabe por qué lo mataron. Además, denunció que recibió amenazas de muerte.
Sin embargo, el testimonio de la mujer no convence a los integrantes de Mocase. “Sólo le importa el dinero que le puedan dar. Le ofertaron plata y una casa para que se calle. En cambio, la madre de Cristian pide por justicia y que los asesinos vayan a la cárcel”, expresó Cristina Loaiza, otra de las militantes del Mocase que habló con este diario.
Beatriz Juárez no pertenece al movimiento campesino y no adhirió a las marchas por Ferreyra. Por eso desde el Mocase la ven en la otra vereda y mantienen en alto la bandera del reclamo. “El crimen de Cristian no quedará impune, y será un ejemplo de la lucha por la libertad y por la tierra”, sostienen desde el Mocase. Y que el árbol no tape el monte.
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