Por Deyes Sosa
Santiago del Estero se está, lentamente, convirtiendo en una provincia insegura en donde los derechos que protege y garantiza nuestra Constitución son vulnerados por el manoseo y la prepotencia de algunos funcionarios de turno.
Lo venimos anticipando desde estas páginas, y no deja de preocuparnos la indiferencia con que se gobierna y el despropósito recurrente con que se someten las leyes al arbitrio de funcionarios que no cuentan con ningún tipo de preparación para el cargo en que son designados, menos experiencia, ante quienes debemos depositar nuestros bienes, la seguridad y la libertad.
A diario se engrosa la lista de muertos mediante la violencia que no tiene responsables y lo grave es que se sospecha de los que detentan el poder. Es decir que no existen imputados visibles, pero se conoce que el accionar delictivo provino de quienes son funcionarios públicos y, valga la paradoja, que por ser parte del poder los protege la impunidad y a las resultas no se los investiga, no se los imputa, ni siquiera son parte en un sumario administrativo.
Treinta y nueve muertes en el Penal de Varones quedan sin responsables y esperan se identifique a quienes ocasionaron tan lamentable flagelo. Son 39 vidas calcinadas que debieron ser custodiadas para su seguridad física por parte del Estado provincial y resulta que se vulneró esa garantía constitucional, precisamente por quien tiene la misión de custodia de esas vidas.
Es decir que estamos ante un caso de estrago masivo con numerosa cantidad de victimas que tiene a un poder público sentado en el banquillo de los acusados, como responsable inmediato. No se conoce todavía la existencia de alguna actuación judicial. Tampoco se escuchan las voces de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ni de ninguna organización que defienda los intereses de los santiagueños y de tantos muertos a destajo.
El caso Domínguez, la muerte por violencia de un modesto empleado publico, es un hecho emblemático que no conoce responsables, pero se sospecha de quienes ejercen el poder.
Quince niños muertos en completo silencio a causa de una vacuna experimental contra el neumococo.
Un detenido muerto mediante ahorcamiento en la seccional quinta de la policía provincial, y ahora otro muerto en iguales circunstancias, con el mismo procedimiento, en la seccional primera, deja mucho para el análisis. En esa misma dependencia, cuando estaba en la peatonal Absalón Rojas, ya se había ahorcado un preso, Gonzalo Sebastián Bustamante, el 29 de septiembre de 2006 y, justamente, como en el último caso, estaba de turno el juez Abelardo Basbús.
Melean, el chico hincha del fútbol, en cancha de Sarmiento, ciudad de la Banda, muerto por la bala de otro policía provincial. Otro muerto en Monte Quemado, que era buscado por los agentes del orden y al día siguiente se informó que estaba muerto. Dos jóvenes en la autopista La Banda muertos mientras se conducían en una moto, dicen que dos motoqueros de la policía provincial los derribaron
El Caso Orozco sigue sin responsables. ¿Palazzi, fue un suicidio? Todos son muertos de esta gestión de gobierno. Y son parte también del silencio cómplice de los medios de prensa que otrora eran vehículos de información y de denuncia.
Esperemos que aquí termine la lista infame.
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