Vale la pena recordar por qué el entonces presidente Néstor Kirchner dispuso la intervención de la provincia, derribando al gobierno de la señora Mercedes Marina Aragonés de Juárez.
Decía Kirchner:
“Las dramáticas situaciones que rodearon el asesinato de Leyla Bashier Nazar y Patricia Villalba han puesto al desnudo un estilo de conducción política caracterizado por el nepotismo, el clientelismo y la impunidad, que es incompatible con la forma representativa republicana de gobierno que las provincias deben según lo prescribe la Constitución Nacional (Art. 5°).
“Por ello es que cuando en una provincia no se respetan las condiciones señaladas el gobierno se halla facultado para disponer la intervención federal y erradicar si se quiere, en verdad, consolidar la democracia.
“Los gobernantes pudieran disfrutar del poder sin el contrapeso de una real división de poderes -que es un pilar de la forma republicana- que permitiera el control recíproco de los poderes de manera de plasmar un efectivo equilibrio y contrapesos entre ellos.
“Esta situación de hegemonía de un solo sector político en la Legislatura se mantiene configurando un sistema destinado a ahogar la pluralidad política, ya que por sus características siempre produce el control del oficialismo.
“Un dato singular de la última elección citada consiste en que del total de los ciudadanos habilitados para emitir el sufragio -517.358- solamente concurrieron a los comicios 307.994, o sea, el 59,4%.
“El dato transcripto determina que hubo una abstención electoral del orden del 40%. Esta circunstancia revela claramente la desconfianza y el desinterés de la ciudadanía que no se sintió estimulada para cumplir con su deber cívico. Se trata, en consecuencia, de un hecho más que trasluce claramente la deteriorada situación institucional y política que vive la provincia.
“La dominante posición que ostenta en la Legislatura le otorga la posibilidad de decidir por sí mismo la designación de los jueces, su destitución y la integración de los órganos de control. De este modo se transforma en una mera apariencia la división de poderes pues el partido gobernante ostenta un poder omnímodo en el órgano legislativo. La singularidad descripta configura una flagrante violación de la forma representativa republicana de gobierno.
“En la homilía que pronunciara el obispo de la diócesis santiagueña dijo que ‘Es necesario el esclarecimiento de todos los hechos y los conexos por el camino de la ley y las instituciones. Todos los ciudadanos esperan que se haga justicia. La desconfianza social es tan grande que no es fácil para la gente esperar resultados satisfactorios. Es necesaria la regeneración de las instituciones y la recreación de la confianza’, agregando que el momento ‘exige enterrar el amiguismo, la prepotencia, la arbitrariedad, la impunidad y todo régimen de amenazas y sospechas. Las autoridades deberían tener vergüenza de ser temidas, no por la severidad del cumplimiento de la ley, sino por la sospecha del ejercicio inconsulto y arbitrario del poder’.
“Según se lo destacara precedentemente, existe una estrecha relación entre los preceptos de la Constitución Provincial que regulan las materias citadas y la posición dominante del oficialismo. Ello es así pues aquellos han sido consagrados para asegurar la aludida hegemonía que, además, se realimenta por el nepotismo y el clientelismo político que practica el gobernante.
“Es inaceptable para la forma republicana de gobierno que la subsistencia en el poder pueda depender de la voluntad y los manipuleos de quienes lo ejercen.
“Las expresiones transcriptas son reveladores del estado de ánimo y de la crisis institucional que existe en la provincia a la que es imprescindible poner fin. En esta tarea de recomponer las instituciones y recrear la confianza de la ciudadanía le cabe una responsabilidad inexcusable al gobierno nacional para lo cual debe poner en práctica las atribuciones que le otorga la Constitución".
Reiteramos, son párrafos de los elementos considerados por el Senado Nacional al fundamentar la Ley 759/2.04 de intervención federal a Santiago del Estero.
Hoy, a poco más de cinco años de aquella traumática vivencia política-social en nuestra provincia, debemos decir a viva voz y con sobrado orgullo federal para algunos, que en Santiago del Estero nada ha cambiado.
Si no, tengamos en cuenta estos datos reales:
1.-) En el 2.004 hubo dos muertes (el de Leyla aún impune).
A partir del 2.005, entre los muertos del penal, los asesinados por parte de la policía, Raúl Dominguez, Melean, Bagñasca, Orozco, Daniel Exequiel Medina, los bebes experimentales (vacuna ) entre otros, son más de cincuenta las muertes impunes.
2.-) Se agravo el régimen repúblicano de gobierno. No existe la división de poderes. Por el contrario, advertimos sumisión y dependencia total al Poder Ejecutivo.
3.-) Los jueces y miembros del Poder Judicial se encuentran hace más de cinco años en comisión; o mejor, son empleados calificados del gobernador.
4.-) El Poder Legislativo continua en el mismo y similar estado, donde la fuerza del número y la hegemonía gobernante se impone a la razón, violentando el derecho de las minorías que también son parte del pueblo, ahogando el oficialismo gobernante la pluralidad política.
5.-) La indeferencia cívica en las últimas elecciones marcó un hito en nuestra provincia, pues ostenta el mayor porcentual de abstención ciudadana (43,20% ) es decir, poco menos de cinco de cada diez santiagueños no votaron al actual gobernador y, lo más grave a ningún político. La desconfianza en los hombres políticos se incrementó. Es que tenemos representantes políticos en permanente degradación.
6.-) Este gobierno ostenta el récord al haber asumido su segundo mandato con el caudal electoral más bajo de la historia institucional en la provincia (34% ), sin incluir, claro está, las colectoras, pero sumando la “tacuchada” de urnas que existió en el interior.
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