Por Facundo Peñaloza
¿Y qué fue de aquel mamotreto, es decir algo más que un mamarracho, aquella voluminosa carpeta de antecedentes relacionada con “aspectos administrativos” que presentó el ministro Ricardo Daives en la Cámara de Diputados, cuando el asedio de los pocos legisladores opositores por conocer la verdad de los hechos acontecidos en la Cárcel de Varones se llevaron la vida de treinta y nueve internos, la mayoría de ellos sin condena, con el agravante de que algunos se encontraban alojados en el servicio penitenciario en forma indebida.?
En efecto, se trata de aquella extraña y voluminosa carpeta que -sin atender todas las manifestaciones periodísticas producidas recientemente, ni escuchar las voces de los internos sobrevivientes, alejado de las pericias realizadas y de todo lo que la comunidad conoce a puertas afuera- fue presentada, a manera de auto defensa, asegurando que existió un “plan de fuga” lo que motivó aquellos lamentables hechos.
Desde un primer momento sostuvimos que la responsabilidad en un totum recae, de hecho y de derecho, a la luz de la legislación vigente, tanto en el ministro de Justicia, Ricardo Daives, como en el ministro de Gobierno, José Emilio Neder y, por ultimo, del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lionel Suárez, los máximos resortes en la cadena de mandos, que debieron prever las causas de la tragedia, toda vez que contaban con todo el poder y los elementos idóneos para dar solución a las graves falencias denunciadas, que pudieron impedir la protesta generalizada de los reclusos.
Debe descartarse de plano una supuesta: “tentativa de fuga”, “plan de fuga”, “preparativos de fuga” etc., con que continúan llenándose la boca -en cada oportunidad que tienen ante los medios de prensa- los cuestionados ministros Daives y Neder, quienes secundados por Lionel Suárez conocían el abarrotamiento de la cárce, la lentitud y la ineficiencia de los improvisados jueces del Crimen; ellos tan inútiles como sus respectivos fiscales, quienes encarcelaron a diestra y siniestra con calificativas impropias de los hechos atribuidos.
Muchos inocentes, sin condena, otros que debieron estar libres y que por la ineptitud de algunos jueces permanecían alojados en esa especie de “ratonera” que para nada cumple con lo requerido por nuestra Constitución Nacional, ya no están entre los presos.
Quienes realizaron una oposición digna en la anterior Cámara de Diputados quisieron saber “de qué se trata” y llamaron al ministro cuestionado para que preste el informe pertinente, pero pesó la mayoría oficialista y se evitó que se sepa la verdad de los hechos.
Sólo la actuación solitaria del ex diputado Antonio Calabrese merece reconocimiento, porque fue el que solicitó el juicio político de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, aunque su proyecto ingresó a comisión y nunca más se supo de el. Es lo que quedó de la lamentable actuación de la renovada Cámara de Diputados.
El “informe Daives” sigue sin aparecer. Una de las más cuestionadas cuentas pendientes de esta gestión se cubre con un manto de impunidad y los ministros sin renunciar.
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