Por Miguel A. Brevetta Rodríguez
Alguna vez escuchamos decir a un gobernante que Santiago del Estero era una ínsula. Lo que en verdad quería expresar por ese tiempo es que nuestra provincia se mantenía totalmente al margen de reiterados hechos de violencia colectiva que recurrentemente alarmaban a la población. Tal vez por esos años, la calma y la pasividad provinciana convivían en las calles santiagueñas, indiferentes a los cambios vertiginosos en el conglomerado social que se advertían aun lejanos.
Pero, pocos concibieron que la globalización se instalara en todos los rincones del mundo. Nadie reparó en sus efectos, como tampoco en las consecuencias que día tras día, no dejan de asombrarnos.
El advenimiento del llamado “piqueterismo” que cuenta con el consenso y apoyo de los actuales mandatarios nacionales, ha horadado las normas de convivencia entre los argentinos, como que insertó la anomia en el ordenamiento jurídico nacional. Hoy se tolera la desobediencia y el desorden como punto de referencia o conquista del gobierno de turno, cuando debiera conocer que está actuando al margen de la ley.
Ello así, porque: “Un rato antes del mediodía, con palos y banderas, a los golpes, miembros de cooperativas de movimiento sociales tomaron el edificio de la municipalidad en reclamo de puestos de trabajo pagos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego de cinco horas de negociaciones los manifestantes abandonaron la comuna y liberaron el tránsito, que habían interrumpido mientras duró la toma. No hubo detenidos”.
“Los desocupados, integrantes la mayoría a agrupaciones del kirchnerismo, reclaman la firma de contratos de trabajo por un año para las 35 cooperativas marplatenses, un anuncio que hizo en su visita de mayo a Mar del Plata la presidenta Cristina Fernández. Las organizaciones denuncian que cuando fueron por la renovación por los 12 meses restantes, no obtuvieron respuestas.” (1)
Estas actitudes vienen a confirmar los dichos populares cuando se afirma, por ejemplo, que la violencia engendra más violencia, o bien, que la violencia de arriba automáticamente genera o engendra la violencia de abajo. Con el aval oficial a estas extrañas maneras de manifestarse, se ha derribado el derecho constitucional de peticionar a la autoridades, conforme la leyes que reglamentan su ejercicio, imponiéndose la “ley de la selva” como una forma de exigencia a las autoridades.
Parece que estamos transitando por caminos sinuosos, sin que se sepa a ciencia cierta, cual es el verdadero destino o a donde se prender arribar ante tanto marasmo y descontrol. “El complot y la radicalización no terminaron ahí. Otra saga se vivió en el interior profundo del país. En Jujuy, la líder piquetera kirchnerista Milagro Sala carga armas. Unos 500 militantes de su organización también están armados con revólveres y pistolas. La denuncia pública fue formulada por el senador Gerardo Morales, víctima él mismo de un violento escrache en Jujuy el viernes pasado.
Sala recibe del gobierno nacional, según la acusación del presidente de la UCR, unos $10 millones mensuales. Sala tiene relación política directa con Cristina y Néstor Kirchner, y la influencia del gobierno peronista jujeño sobre la jefa piquetera es nula”. (2)
No hace mucho en la Facultad de Ciencias Médicas de Mendoza, un grupo pequeño de manifestantes impidió que se realizara una conferencia a cargo de la embajadora de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez. Todos los días se cortan calles, rutas, se ocupan establecimientos, se toman universidades y en verdaderas “patotas” se cercenan los derechos individuales, sin que a nadie importe los limites del desarrollo o desempeño que corresponde a cada individuo que convive en un estado de derecho.
Recientemente, en pleno centro de nuestra ciudad - frente al palacio de tribunales- el juez de Faltas de la municipalidad de la Capital, el abogado Hugo “Pichi” Catella, fue increpado verbalmente y salvajemente agredido con una cadena por parte de un supuesto contribuyente no conforme con su desempeño, lo que motivó la internación del profesional y cuidados intensivos por mas de noventa días, según diagnostico de los médicos forenses.
Lo extraño de este caso de intolerancia e impunidad es que nadie intervino ni durante el hecho vandálico ni a posterior de ello. Muchos se preguntaron: ¿Para qué sirven el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, la Caja Forense, La subsecretaría de Derechos Humanos y tantas otras organizaciones que viven rasgándose las vestiduras ante nimiedades de la rutina?
¿Qué se está esperando desde el poder? ¿El derecho por mano propia? ¿La ley del más fuerte? ¿El retorno al Código de Hammurabi?
Santiago del Estero, ya dejó de ser la ínsula de otrora en donde no hay lugar para la ineficiencia. Tal vez, -conforme a datos propios- el próximo censo nacional nos cuente por un millón de habitantes y todavía estamos con los pañales sin cambiar, esperando el bicentenario para tirar cohetes y recibirlo con un festival de folclore.
“En la Argentina de hoy se está convirtiendo en un lamentable hecho corriente la violencia física contra quienes piensan distinto, que no es otra cosa que un acto de profunda intolerancia y negación del pluralismo que distingue a toda sociedad democrática. Es vital que estos hábitos que, lamentablemente, se van convirtiendo en una suerte de cultura política sean desterrados cuanto antes. Ningún sector puede arrogarse el derecho de atacar a otro, ni superar las precisas fronteras marcadas por la Constitución y las leyes.” (3)
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