Por Marta Velarde, publicado en el diario porteño La Nación
Lo único positivo del año que termina es el fin de la sequía. Algunos dirán que con una cosecha de soja que superará los cincuenta millones de toneladas hay motivos para el festejo.
Eso sería así, si las cosechas de trigo y maíz fueran superiores a las del año anterior. Por el contrario, disminuyeron al punto que la posibilidad de importar trigo el año próximo se vuelve cierta.
La crisis láctea ha reducido el número de explotaciones, condenando a miles de productores a la emigración a los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
Uruguay exporta, con un territorio que equivale a poco más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, más carne que nosotros, que en poco tiempo habremos de abastecer el consumo desde el exterior, ante la liquidación de los planteles ganaderos.
Las economías regionales tienen serios problemas para exportar sus productos al Brasil, por las trabas innecesarias que se ponen a los productos de ese país, afectando el potencial que nos ofrece el Mercosur.
Las ciudades del interior han visto reducir sus niveles de vida al ser afectadas las actividades agroindustriales, las fábricas de implementos, y las empresas de transporte.
Problemas como el gasoil más caro, o los cortes de luz por la oferta insuficiente de energía, ante la falta de obras de envergadura, son cotidianos. Salvo algunas repavimentaciones, que ya se deterioran, poco y nada se ha hecho en materia de caminos, sea en pavimentos o en enripiados.
No se avanzó en la recuperación ferroviaria, vital para bajar los costos de la producción agropecuaria del Norte y se abandonaron las iniciativas vinculadas a la construcción de autopistas que permitirían disminuir los accidentes y la circulación de los "bitrenes", camiones capaces de transportar más de cien toneladas y de descargas en los puertos en pocos segundos. Rige el "Impuesto a la Distancia".
Los precios de la Hidrovía del Paraná son muy altos, incluso comparado con los peajes de otros canales como el acceso a Bahía Blanca, y por supuesto con el puerto de Montevideo. A pesar de los reclamos nada se hace.
Cuando estalló el conflicto por la Resolución 125, de inconstitucionalidad manifiesta, se sucedieron explicaciones del Gobierno, mediáticas e inconsistentes, que se limitaban a calificar de yuyo a la soja.
En boca de la titular del Poder Ejecutivo se dijo que había que desojizar el país, para preservar "la mesa de los argentinos" una mesa con pan, leche y carne.
Hoy el país produce menos leche y sus derivados, menos trigo y menos carne, y habrá que emplear divisas en su importación como se está haciendo con el gas, la electricidad y pronto con el petróleo.
Es el resultado del poder en manos de un conjunto de ineficientes acusados de corrupción, como lo acreditan los escándalos de la Oncca en el otorgamiento de subsidios.
Es el abandono del sentido común, porque creen que los productores son ingenuos, hasta para producir trigo, leche y carne a pérdida. Los legisladores nacionales de la oposición lo advertíamos cuando propusimos un programa de retenciones diferenciado y la supresión de las mismas en el caso del trigo.
Ahora todo se juega a la soja, y la esperanza que la alta producción de este año no provoque un derrumbe de los precios internacionales.
Esperemos que el año próximo sea mejor, por lo pronto hay productores en las bancas del Congreso y el país, incluso los sectores urbanos, tomaron conciencia que un ciclo virtuoso de crecimiento que desarrolle en el país, sólo es posible con un campo en producción. Otro hecho positivo es la reconciliación de la dirigencia de la Unión Industrial con las entidades del campo.
La Argentina, en base a sus recursos naturales, la calidad de sus productores, sus tecnologías que nos convierte en el país más competitivo en la producción de alimentos, tiene la obligación moral de hacerlo, porque en definitiva, redundará en beneficio de todos.
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