El País, de España, habla de los crímenes en Santiago

Por Alejandro Rebossio, corresponsal en Buenos Aires.

El Mocase y organizaciones sociales, piden justicia frente al Palacio de Tribunales, del gobierno zamorista.

Dos jóvenes campesinos de la provincia argentina de Santiago del Estero (noroeste del país), Cristian Ferreyra, de 23 años, y su cuñado Darío Godoy, de 26, habían ido a reclamar al peón de un terrateniente que dejara de instalar postes para alambrar las tierras que unos y otros se disputan. La respuesta no se hizo esperar: dos guardias de seguridad privada irrumpieron más tarde en la casa de Ferreyra, lo mataron de un tiro de escopeta e hirieron de gravedad en los dos muslos a Godoy. La muerte de Ferreyra constituye el tercer asesinato de un campesino argentino que lucha por su tierra desde 2009. Algo que no era habitual en la Argentina, a diferencia de otros países latinoamericanos, como Brasil, poco a poco se repite. La noticia repercutió en la prensa de Buenos Aires y puso en tela de juicio al gobernador santiagueño, el kirchnerista Gerardo Zamora, a quien los campesinos acusan de hacer oídos sordos a sus protestas.

 “Antes vivíamos tranquilos en las tierras de nuestros antepasados”, cuenta Ricardo Cuéllar, que compartía con Ferreyra la militancia en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y la pertenencia a la etnia indígena lule vilela. “Todo esto comenzó a cambiar a partir de 1995, sobre todo desde 2000, porque se vino la gran producción de soja y la ganadería en corrales”, explica Cuéllar. Los lule vilela habitan tierras boscosas que con el tiempo comenzaron a ser codiciadas por terratenientes de otras provincias porque la soja transgénica podía plantarse sin problemas en esas zonas más áridas y, a su vez, la ganadería extensiva empezaba a reemplazarse por la intensiva, alimentada con harinas derivadas de esa oleaginosa o del maíz. Esos inversores compraban tierras fiscales y privadas en las que habían vivido generaciones de indígenas y otros campesinos. En 1996, en Santiago del Estero 95.000 hectáreas estaban sembradas con soja, según el geógrafo Marcelo Giraud. En 2010, 1,1 millones de hectáreas. 

Autorizaciones del gobierno

En 2006 una ley nacional frenó los desalojos de pueblos originarios y al año siguiente otra legislación federal paralizó la deforestación de los llamados bosques nativos, pero en la práctica continúan las excepciones a ambas normas. “Hace más de tres años y medio venimos con quilombo (lío) territorial”, cuenta el campesino Cuéllar, que vive en Copo, el mismo municipio de Ferreyra. En aquel entonces un empresario de la provincia de Tucumán (también del noroeste argentino) adquirió unas 2.400 hectáreas que eran del Estado provincial. Cuando las quiso alambrar, las pequeñas comunidades indígenas que viven allí se organizaron para defender sus derechos y entonces el inversor desistió del proyecto y se lo vendió a un colega suyo de la céntrica provincia de Santa Fe, José Ciccioli. El nuevo dueño de las tierras recibió la autorización del gobierno santiagueño para deforestarlas, pero volvió a encontrarse con las protestas de los miembros del Mocase. Al igual que otros empresarios con tierras en la zona, Ciccioli contrató a vecinos de allí como guardias, según relata Cuéllar.

Dos días después del crimen de Ferreyra, la policía detuvo a cuatro empleados de Ciccioli. Uno de ellos es el presunto autor material y el otro, quien lo acompañó en la cacería. La justicia también pidió la detención del empresario, que de momento se encuentra prófugo. 

Participación de la Iglesia

El delegado para la Pastoral Social y Derechos Humanos de la diócesis de Santiago del Estero, Sergio Lamberti, opinó que "este asesinato es una muestra cruenta y sangrienta de la escalada de violencia de la que son víctimas las comunidades indígenas y campesinas por parte de estos empresarios sojeros y de agronegocios, con el desalojo de familias enteras de los campos en los que sus antepasados han vivido desde tiempos ancestrales".

En 2009, otro terrateniente asesinó a un indígena calchaquí que ocupaba su presunta propiedad en Tucumán y el año pasado la policía de la provincia de Formosa (noreste de Argentina) dio muerte a un toba que protestaba porque el gobierno formoseño quería quitar sus tierras para construir una sede universitaria. Los hijos y nietos del líder de la comunidad toda que sufrió aquel ataque fueron amenazados hace dos semanas con recibir un tiro.

Los campesinos llegaron hasta la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, pero nadie les dio respuestas.