Otra burla a los derechos humanos

Editorial de La Nación de Buenos Aires.

El Estado vuelve a equivocarse al renovar el apoyo financiero para la construcción de viviendas por las Madres de Plaza de Mayo.

No es una novedad que el gobierno no sólo no reconoce sus groseros errores sino que, una vez que éstos se ponen de manifiesto, persiste en ellos y los profundiza a modo de desafío.No hay dudas de que fue un grave error haber convertido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en una suerte de empresa constructora financiada con fondos estatales entregados sin un debido control. Otro error, más grave aún, consistió en ocultar durante tanto tiempo los presuntos negociados que gente vinculada con la fundación, como los hermanos Schoklender, habría realizado con aquellos fondos que el Poder Ejecutivo giraba a provincias y municipios para que éstos pagaran a aquella organización de derechos humanos.
Ahora, a varios meses de haber estallado el escándalo, el gobierno reincide y, como informó La Nación, entregará el año próximo cerca de cien millones de pesos destinados a financiar nuevas construcciones de viviendas que llevará a cabo la fundación. La primeras obras se ejecutarán en Quilmes y en el Chaco.
En buena medida, esta burla a la sociedad es posible porque el juez federal Norberto Oyarbide mantiene sin avances perceptibles la investigación judicial sobre los negociados que se achacan a los hermanos Schoklender, aunque también estaría bajo investigación una hija de la presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini.
Tras haber perdido un tiempo valioso apenas estalló el escándalo, Oyarbide renueva casi en forma constante el secreto del sumario en esta investigación que de ninguna manera debería cerrarse exclusivamente en torno de los hermanos Schoklender y sus allegados.
En efecto, en una pesquisa objetiva e independiente no podría soslayarse el papel que pudieron haber jugado tanto la fundación como, de manera muy especial, el Ministerio de Planificación Federal y, dentro de éste, tanto la Secretaría como la subsecretaría de Obras Públicas, esta última a cargo de Abel Fatala.
Ha sido Fatala quien tuvo un activo papel en la anterior etapa, cuando el Programa Sueños Compartidos, de la fundación, fue el instrumento para los presuntos fraudes. Y es ahora Fatala el impulsor de este regreso de las Madres de Plaza de Mayo a la actividad empresaria en sociedad con el Estado.
La triste experiencia de este organismo de derechos humanos convertido en empresa constructora, quizá para premiar el oficialismo de Hebe de Bonafini, terminó de muy mala manera.
Reincidir ahora en ese error constituye, por parte del gobierno, una muestra de prepotencia y de soberbia que, en última instancia, vuelve a convertir a las Madres de Plaza de Mayo en un juguete del propio oficialismo que pervirtió su función original y manchó su nombre para siempre.
Un organismo de derechos humanos no está para construir casas ni para recibir fondos estatales. Sin embargo, lo ocurrido con las Madres muestra la verdadera política de derechos humanos del gobierno: convertir a los organismos que logra captar en elementos de propaganda política mientras los vacía de sentido y los inutiliza para cumplir su verdadera función.