Un gran boliche

Por Ricardo Lafferriere.

En nuestro campo más profundo, aún hoy suele usarse la expresión “boliche” para referirse a los viejos almacenes de Ramos Generales atendidos por sus dueños, alrededor de los cuáles giraba forzosamente gran parte de la vida social del lugar.
Su dueño, el “bolichero”, decidía desde qué productos que traía de Buenos Aires para abastecer a los lugareños, hasta a quiénes de ellos les daría "libreta", viejo equivalente de las tarjetas de crédito sin las cuales era imposible acceder con fluidez a la yerba, la harina, el azúcar o hasta las prendas de vestir.
El “bolichero” era, así, depositario de un tácito pero fuerte poder social del que sólo escapaban los muy pudientes, que se proveían en sus viajes al pueblo o a la Capital, o que contaban en todo momento con el efectivo necesario para realizar sus compras sin necesitar del favor de la libreta.
Un gran boliche es en lo que se está convirtiendo la Argentina con la proliferación de ocurrencias que asoman día a día como grotescas respuestas a problemas generadas por el propio gobierno.
La “autorización previa” de la Afip para adquirir divisas en el mercado legal abre este capítulo. Las divisas, que según el relato oficial abundan, son un producto sobre el que no pesa ninguna prohibición de comercialización, ni por causas de salud pública, ni por cuestiones de seguridad nacional. Son, desde esta perspectiva, iguales a los zapatos, los autos, los tallarines o el azúcar. Obligar a las personas, sin ley del Congreso que así lo establezca, a obtener una autorización oficial previa para comprar divisas, no sólo viola los derechos constitucionales de los habitantes del país, sino compromisos internacionales adquiridos por la Argentina que establecen la libertad de cambiar moneda. La discrecionalidad del viejo bolichero es la última inspiración y grotesco fundamento legal de la medida.

Los “alunados”

La interrupción de vuelos de una línea aérea “por decisión presidencial” como represalia a los empleados que toman medidas ilegales, castigando a los pasajeros rehenes en lugar de a quienes causan los presuntos problemas, configura otra tropelía institucional, con similar fundamento. Si fueran ciertas las afirmaciones de los funcionarios, quien debe actuar es la justicia, y no una “decisión presidencial”. La presidenta no tiene esa facultad otorgada por la Constitución, ni por ninguna ley o reglamento.
Tampoco la práctica ya corriente de decidir qué se autoriza a exportar o importar y bajo qué condiciones, mediante órdenes orales y a veces sólo telefónicas, aprovechando la sumisión de una justicia para la que los derechos ciudadanos son ya una lejana referencia histórica, y para gran parte de la oposición “resabios neoliberales” de los que resulta pecaminoso contagiarse.
Como en los viejos tiempos del país rural con la oligarquía haciéndose una escapadita a Francia a comprar zapatos, sólo pueden escapar a la discrecionalidad del bolichero quienes tienen sus recursos a buen recaudo en el exterior, o cuentan con aviones propios para proveerse afuera de lo que quieran y no dependen, en consecuencia, de su benevolencia o simplemente, de no encontrar “alunado” al bolichero, a la hora de la siesta.
A eso se está pareciendo cada vez más la Argentina K. A un gran boliche.