Deyes Sosa
Copia del escrito que presentó el procurador del Tesoro Santillán.
Así comentaba un empleado del municipio capitalino desde un banco de plaza situado al frente del edificio en donde ocurren los acontecimientos que venimos reseñando.
Es que la voracidad, no encuentra límites cuando se trata del ejercicio del poder. Pareciera que quienes son investidos de una mínima cuota de poder encuentran más cercano el camino de la impunidad que el del deber ser o el actuar dentro del marco de la legalidad.
Nadie sabe como llego Héctor Manuel Ibarra a detentar el cargo de Fiscal Municipal, salvo uno que otro comentario que lo vinculan como pago de sus servicios al frente del Consejo de la Magistratura , cuyo voto sirvió para la designación de ternas con candidatos que dejan mucho que desear. Mejor llamarle “colaborador”, para el manejo posterior de algunos ineptos que asumieron con el cargo de jueces.
Lo que se sabe es que el fiscal Ibarra, movió “cielo y tierra” para que su mujer, la abogada Marta Camuñas fuese designada en el municipio capitalino en un pie de igualdad con el cargo de Procurador General del Tesoro Municipal.
Una suerte de “festival de honorarios”, para el bolsillo de la pareja asesora, que según se dice cuenta con el aval incondicional de Hugo Orlando Infante, el actual intendente y Humberto Eduardo Santillán, actual secretario de Gobierno, ambos firmantes de las designaciones en conflicto.
Esta mañana trascendió que por mesa de entradas se originó el expediente 9337 Letra “P”, Año 2010, caratulado: “PROCURADOR GENERAL DEL TESORO MUNICIPAL s/ INHIBITORIA”. En efecto quien detenta el cargo, Raúl Fernando Santillán, solicitó su inhibitoria excusándose de firmar demandas y todo asunto que en ejercicio de su cargo tuviere que realizar en las cuales intervenga como abogada Marta Patricia Camuñas de Ibarra en virtud del contrato de Gestión de Cobranzas de fecha 13 de abril del 2010.
Luego de reseñar la fundamentación legal y de rigor en estos asuntos que lo motivan a dicha presentación, Santillán expresó: “razones de delicadeza, decoro y de violencia moral, se lo exima de intervenir”.
Hasta el momento, tanto el cuestionado intendente capitalino, como su secretario de gobierno miran para el costado antes de tratar la denuncia, que a no asombrarse, es muy posible que termine en los estrados judiciales, atento la gravedad de los hechos.
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