Se dice que en algunos institutos de formación policial y hasta en facultades de Derecho ha comenzado a ser estudiado el caso del asesinato de 36 detenidos en la Cárcel Pública de Santiago del Estero, de cuya masacre se van a cumplir tres años, el 4 de noviembre próximo. Se analiza el tema y se recomienda a los alumnos como “lo que nunca se debe hacer”; o sea, otra vez, somos el mal ejemplo por culpa de la inepta justicia que tenemos que ha hecho escuela de cómo se puede desvirtuar y entorpecer una investigación seria.
Treinta y seis personas han sido fusiladas, masacradas, y el gobernador Gerardo Zamora, por ejemplo, como jefe administrativo de este gobierno, mantiene al ministro del área, Ricardo Daives, al jefe de policía, Marcelo Pato, al juez Ramón Tarchini Saavedra, y a tantos otros funcionarios que, conforme a sus cargos, fueron responsables de la tarde trágica que enlutó a la provincia y que nos transformó en “penosa noticia mundial”. El fusilamiento de los presos fue tapa en todos los diarios del mundo.
Para el gobierno zamorista, en cambio, es como que nada hubiera pasado. No hay un detenido, los funcionarios responsables siguen en sus cargos y nadie (ni la prensa ni la Iglesia ni los organismos de derechos humanos) parece haber advertido que se produjo un genocidio y que se fusilaron personas, aunque procedían de barrios carenciados de Capital, Banda, Frías y Tucumán.
El 54% de los presos asesinados estaban procesados, y algunos esperaban en prisión su libertad ya firmada.
Todo por “la paloma”
Zamora, su ministro Daives, su jefe de policía Pato, su juez Tarchini Saavedra, saben lo que realmente ocurrió y por qué los detenidos fueron encerrados, fusilados y quemados en un pabellón.
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| Ricardo Daniel Daives. |
Las esposas, hermanas, tías y vecinas de los reclusos venían denunciando desde hacía un año, los atropellos que sufrían sus allegados. Las denuncias fueron entregadas en persona al propio ministro de Justicia Ricardo Daives. Éste, entonces, sabía perfectamente de los malos tratos a los que eran sometidos los detenidos. Se quedó callado y es cómplice del genocidio.
Luego de la masacre, los familiares volvieron a entrevistarse con Daives quien les brindó la posición del gobierno: “Fue un intento de fuga derivado en motín con quema de colchones, y las muertes se produjeron por la inhalación de monóxido de carbono”.
Pero la verdad es que los guardiacárceles, únicos proveedores de drogas y otras sustancias prohibidas dentro de la cárcel, venían sospechando que familiares de los presos estaban haciendo ingresar pastillas y otras yerbas. Por ello, acortaron el horario de visita, maltrataron a las mujeres e hicieron subir a todos los del pabellón 2 a sus celdas. Allí los increparon acusando a uno de ellos de tener una “paloma”.
En el código carcelario, una “paloma” es un paquete que puede contener droga, dinero, tarjetas telefónicas, o todo de una vez. Los reclusos, cansados de tanto hostigamiento, desoyeron las órdenes de requisa, rechazando así la acusación. Ahí comenzó la refriega en donde los guardias tiraron balas de goma y los reclusos se escudaron con sus propios colchones, mientras otros los acercaron a las ventanas y les prendieron fuego, con la intención de llamar la atención en el exterior del penal, para dar cuenta de la situación que se vivía adentro.
A partir de ello, Zamora y Daives ordenó cajonear la causa y que nadie habla más del tema. Por ello, nunca se dejó que la prensa publique la posición de los presos sobrevivientes o de sus familiares, quienes denunciaron haber sido salvajemente reprimidos por los gurdiacárceles y negaron que tuvieran intención de fugarse. Esta denuncia de los reclusos fue avalada por familiares, religiosos y grupos de derechos humanos. "No hubo intento de fuga, sino la protesta de presos hartos de sufrir maltratos, vejámenes, torturas y continuas violaciones de los derechos humanos", dijo el presbítero Sergio Lamberti, secretario de Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero.
Incluso Lamberti explicó que de los 34 presos fallecidos, la mitad eran encausados sin sentencia firme y señaló que en los días previos al motín, el capellán del penal, Carlos Carabajal, recibió quejas de presos y familiares denunciando el maltrato por parte de agentes penitenciarios.
"A los internos los han matado como si fueran ratas. Esto ha sido una barbarie inadmisible", afirmó Antenor Ferreyra, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la provincia.
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