Borracho o drogado, el muchacho bandeño, amigo de lo ajeno, rompió la vidriera de un comercio céntrico, al parecer en un intento por perpetrar un robo.
Pero fue detenido por la policía que, al acto, advirtió que estaba “bajo el efecto de la droga”. Estuvo 17 días en el calabozo de la seccional primera. No fue visitado por ningún familiar y, consecuentemente, jamás se interesó por su situación abogado alguno.
Finalmente, dice la policía que se ahorcó en su celda, con una remera.
Murió de pena; por tanta indefensión. Afuera, en la calle, al parecer, vivía del hurto y del robo, logrando pequeños botines para comprar droga.
Fue, en vida, uno de los tantos excluidos que pululan por los barrios pobres de Capital y Banda, dedicados a la delincuencia por falta de oportunidades o de respuestas de su familia, de sus prójimos o del Estado.
Ahora, fue “condenado” a 17 días de encierro y permaneció acorralado en un calabozo por el hecho de haber roto una vidriera.
Los policías intervinientes de la seccional primera y, sobre todo, el juez en turno, Abelardo Basbús, son los responsables de esta tremenda violación de los derechos humanos.
Es inadmisible que un juez consienta el encarcelamiento por el término de 17 días de un individuo que rompió una vidriera de un comercio con el propósito de robar.
Es, a las claras, más grave el delito de Basbús y de la policía, quienes pisotearon las garantías constitucionales que amparan a cualquier ciudadano.
El manejo que tuvo el juez con esta causa lo pinta como un violador de los derechos humanos, de las disposiciones constitucionales y de todas las normas del Código de Procedimiento Criminal.
Con razón, Basbús, en sus cuatro años como juez en comisión, ya acumula cerca de setenta denuncias y varios pedidos de juicio político.
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