Atacan el Juzgado de Las Termas y cortan la ruta 9

Vista de Las Termas.

Familiares y vecinos de un joven que fue asesinado por otro de un balazo en agosto pasado atacaron hoy el Juzgado del Crimen de Las Termas y cortaron durante cinco horas los accesos a esa villa turística por la ruta nacional 9, en protesta por una resolución judicial al respecto, informaron fuentes policiales.

Los disturbios comenzaron al mediodía, tras conocerse el procesamiento por homicidio simple dictado a Matías Juárez, quien asesinó a Emanuel Alderete en la madrugada del 21 de agosto, de un balazo en la cabeza que ingresó a la altura del ojo izquierdo.

Tras notificarse las partes de la resolución judicial, los manifestantes -en su mayoría familiares y amigos de la víctima- ingresaron a la dependencia judicial con el intento de agredir a la jueza Ana Cecilia Vittar.

Tras causar daños en el interior y el frente del edificio, a pocas cuadras de la plaza principal de Las Termas, los revoltosos fueron desalojados y el detenido Juárez fue trasladado por seguridad a la prisión de la capital santiagueña.

Los manifestantes se dirigieron a la ruta nacional 9 y la mantuvieron cortada durante cinco horas, a la altura del acceso sur a la villa turística, lo que interrumpió y provocó inconvenientes en el tránsito de vehículos.

Télam.

Kamenetzky desnuda la falta de justicia en Santiago

Cecilio Kamenetzky.

A más de veinte años de la desaparición de Cecilio Kamenetzky, un juicio oral en la Tribunal Federal intenta dilucidar cómo murió -en 1976- este estudiante universitario que cayó acribillado, según se afirma, a manos de la policía, delito que no prescribe pues fue  calificado de lesa humanidad. En este juicio están imputados Musa Azar, Miguel Tomás Garbi y Ramiro López, a la sazón policías de la provincia.

Mientras, la muerte de Raúl Domínguez, que -según se comenta- también murió a manos de la policía y por lo tanto es otro crimen de lesa humanidad, sigue impune, sin que ningún juez se anime a llamar a que declaren siquiera, los uniformados que participaron de su secuestro y posterior asesinato. ¿Qué esperan los organismos defensores de los derechos Humanos en Santiago para preocuparse y denunciar el crimen de Domínguez?, ¿que pasen 30 años para ver si recién se animan buscan a los culpables?

Pero es mucho más evidente que fue un asesinato a mansalva el de los casi 40 internos del Penal de Varones, muertos frente a los guardia cárceles que debían custodiarlos. Se trata de un crimen de lesa humanidad por el que la sociedad santiagueña clama justicia desde hace tres años sin que, hasta el momento, se haya sabido de alguna medida de la justicia para aclararlo debidamente. Ni un ministro ni un subsecretario ni un juez ni un secretario de Juzgado ni un pinche de Tribunales, nadie tuvo ninguna responsabilidad sobre este crimen que clama al Cielo, nadie sabe nada, nadie recuerda los nombres de los fallecidos.

Tampoco hizo mucho la justicia santiagueña para aclarar cómo fue que murieron 14 niños, víctimas de la experimentación de una vacuna que hizo un grupo farmacéutico en la provincia.

Y está impune también el crimen de la periodista Claudia Gabriela Orozco, a cuyos padres la justicia quiere hacerles creer que se trató de un suicidio, cuando las pruebas y las evidencias que se han venido recolectando desde que falleció, indican que fue un asesinato.

Mancuso en la televisión nacional.

Tampoco ha dado respuestas la justicia para aclarar la misteriosa muerte del indigente Mario Alberto Wingeyer, quien se hacía llamar Mancuso y fue golpeado con ferocidad hasta que murió en los pasillos del hospital Regional días después de mostrar ante las cámaras de la televisión nacional el estado de los baños de ese lugar. En este caso su cuerpo no mereció una autopsia, ya que las autoridades de la provincia se encargaron de inhumar el cadáver para que no se investigara más el asunto.

Agradecimiento de los padres de Claudia Orozco

Los padres de Claudia Gabriela Orozco, la periodista trágicamente asesinada publicaron este video en el sitio You Tube, agradeciendo por los cinco años de acompañamiento, no solamente de este portal sino de toda la ciudadanía santiagueña. Claudia Orozco fue una periodista y empresaria exitosa cuyo cuerpo fue hallado en su casa con signos de haber sido ahorcada. Sus padres nunca creyeron la versión oficial, que sostiene que se suicidó y aportaron pruebas a la justicia de su asesinato. Pero hasta el momento los jueces santiagueños no han sabido, no han podido o no han querido aclarar este crimen, uno más de los tantos que permanecen impunes en una sociedad sin justicia.

Alak se burló de los santiagueños

Alak descubre una placa en los tribunales de La Banda (foto Diario de La Banda).

Ayer a la mañana, cuando el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, dijo en La Banda que “la provincia se ha convertido, en el plano judicial, en un verdadero modelo para el país”, muchos santiagueños, se dijeron a sí mismos “¡epa!, ¡qué está pasando aquí!, qué me he perdido, que noticia no he leído”.

Se supone que un ministro de la Nación es gente grande, estudiosa, que ha leído un poco y viajado otro tanto. Pero por otra parte se sabe que es un político, por lo que debe tener una cuota de optimismo mayor que la de los ciudadanos de a pie. Pero si Santiago es un modelo para el país, es decir una provincia a imitar, cómo estarán las demás, es la pregunta que surge al instante.

A seis años del gobierno de Gerardo Zamora, la mentada reforma judicial en lo criminal, con jueces que constitucionalmente no dependan del gobierno, es una utopía en Santiago. Hay familiares de 40 muertos en el Penal de Varones que todavía esperan que les digan quién los mató y por qué. Lo mismo se preguntan los familiares de Raúl Domínguez y Claudia Orozco, entre otros, que penan en los pasillos de los tribunales, esperando que les informen al menos qué medidas tomará la justicia para seguir investigando.

En una provincia en la que el miedo siegue siendo una sensación palpable, tangible, con gente en la calle que ni siquiera puede expresarse libremente por temor a las delatoras escuchas de agentes policiales de civil, las palabras del ministro Alak sonarían a burla, si no hubiera la sospecha de que se trata de un cómplice de la corrupción que reina en Santiago del Estero.

Los judiciales consideran que el aumento fue una limosna

Los tribunales en ebullición.

En marzo del 2010, rodeado de los dirigentes gremiales de la administración pública, el gobernador, Gerardo Zamora, después de dos años sin aumento de sueldos, anunció que a partir de julio, los haberes estatales tendrían un 23 por ciento de aumento.

Pues bien, como una burla, en medio de los gastos millonarios del festejo de la ciudad, en medio del anuncio de obras fastuosas elaboradas para beneficio de los amigos del negocio publico, de la colocación de mil palmeras brasileñas en la avenida de circunvalación a un precio de ocho millones de pesos, después de aparecer, en los medios nacionales, nuestra provincia como el segundo distrito más beneficiado por los dineros de la obra publica con 284.000.000 de pesos, los empleados judiciales vieron aumentar sus nuestros sueldos, a partir de este mes con la agraviante suma de 85 pesos o sea una vil limosna, aumentando de esta manera el numero de trabajadores del estado excluidos de alcanzar cubrir el costo de una canasta básica.

Ante esto, “Obreros y Empleados Judiciales en Lucha” expresaron que solo les queda reaccionar con dignidad. “Por encima de los miedos que nos quieren imponer, por encima de resignarnos como disfraz de nuestra cobardía, debemos decir ¡basta!”

En un volante que es distribuido profusamente en los pasillos del palacio de Tribunales, expresaron

Basta de bastardear nuestros derechos.

Basta con el 82 por ciento sólo para un sector privilegiado del Poder Judicial

Basta de aumentos de sueldos disfrazados (50 por ciento por título para los jueces)

Basta de millones para obras faraónicas y nada para el hambre de la gente.

Para ello debemos autoconvocarnos a debatir entre nosotros el camino que nos conduzca a cortar estos atropellos a nuestra calidad de vida a nuestra condición humana, debemos juntos encontrar el camino de la reacción, ante esta afrenta.

Lo decimos en nombre de lo que fuimos.

Lo decimos en nombre del pan de nuestros hijos

Lo decimos en nombre de las deudas y embargos que nos acucian, mientras que los “nuevos ricos”, pavonean obscenamente su riqueza mal habida, por nuestros ojos.

Lo decimos para no resignarnos a nuestra suerte, para que la vergüenza no se instale entre nosotros.

Y lo decimos buscando la reacción de los dirigentes gremiales que hoy junto a los funcionarios de gobierno se arrodillan rezando el nuevo aniversario de la muerte de Evita, sin recordar que ella reclamó siempre lo nuestro, la inclusión social, olvidando sus palabras de que “en cada trabajador está la patria, y el que les quita derechos a los trabajadores está traicionando a la patria”.

¿Y el recato de la Justicia? ... ¡a los perros!

Ramón Tarchini Saavedra, juez de cuarta.

Al natural decoro y recato que debe tener un juez de la provincia, Ramón Tarchini Saavedra, juez del crimen de cuarta nominación lo ha tirado a los perros, luego de que publicara en un sitio público de internet las fotos de una o varias noches de juerga y diversión desenfrenada.

Pero, son los nuevos tiempos que se viven en la provincia. De tal manera que estos son los jueces en comisión de Gerardo Zamora, son los de Ricardo Daniel Daives, los de Sebastián Argibay y Lionel Suárez.

No por nada, cada vez que empleados tribunalicios y abogados del foro local se refieren a él, lo llaman como lo que es para decirle “el juez de cuarta”. Por solamente a juez de cuarta se le ocurriría, tomarse una fotografía así y luego publicarla en un foro público, como si continuara en la escuela secundaria y no tuviera ninguna responsabilidad en la Justicia santiagueña.

Ineptitud en la conducción del gremio judicial santiagueño

Actualmente, los empleados judiciales de la provincia de Neuquén están en plan de lucha y bien parados frente al Poder Ejecutivo de ese estado. Otros gremios protestan y exigen reivindicaciones.

La excepción es el gremio de Santiago del Estero.

El miércoles por la mañana, la comisión directiva del gremio judicial santiagueño llamó a una asamblea de cincuenta personas (muchos infiltrados e informantes del gobierno zamorista), donde hizo “importantes anuncios”.

Por ejemplo, se “festejó” porque el gremio, tras seis reuniones de la Mesa de Diálogo Judicial, obtuvo la autorización para estacionar las motos y los ciclomotores frente al Palacio de Tribunales, pagando el canon correspondiente.

Se aclaró que quedaban exceptuados de este beneficio los dirigentes Adrián Eduardo Alagastino, Adrián San Juan y Roxana Cejas, “por tener la desgracia de poseer autos modelo 2010”.

También se “aplaudió” la noticia de que a partir del 1 de agosto se iniciarán medidas contra el Superior Tribunal de Justicia, por el incumplimiento del segundo ascenso masivo del que está excluidos los empleados contratados, 200 ordenanzas, trabajadores de la morgue, los jefes de departamento, etc.

De todos modos, como en un delirio Alastino repitió que “este será un ascenso masivo, como nunca se hizo”.

Muchos empleados serios se preguntaron: ¿qué ley, decreto, reglamento o norma legal nos aparará para sostener este reclamo? Además, no podremos incorporar los dos temas que parecen no preocupar como un incremento salarial y el 82% móvil”.

Denuncian tareas de inteligencia en los Tribunales

Maximio Ruiz Lescano, abogado, empleado con 20 años de antigüedad en los tribunales, denunció persecusión, hostigamiento, amedrentamiento, acoso y tareas de inteligencia de sesgo paramilitar o parapolicial contra los empleados judiciales de la provincia y solicitó que se termine con estas actividades para no verse obligado a recurrir a otra vía para hacer valer sus derechos.

En una nota que dirigió a la secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal, puso en su conocimiento que una señora de Serrizuela, de la oficina de Personal “con tono y aspecto cuasi castrense, se dirige en forma desafiante al empleado infundiendo temor con amenazas de apercibimientos”, según dice textualmente el escrito.

Reveló también que se realizan “tareas de búsqueda” de empleados que transitan por los pasillos del palacio de justicia sin tener en cuenta que por las características propias de la labor que desempeñan y de las edificio, en algún momento deben ir hacia otra dependencia, como la biblioteca, tesorería, los baños, la cocina.

“Humildemente creo que en vez de perseguir y hostigar al personal que cumple labores en beneficio de la comunidad, en condiciones ya de por sí no óptimas de salud, habría que preservarlo de los ambientes hostiles”, sostuvo Ruiz.

Dijo además que “todavía resuenan palabras como tocan a un empleado y nos tocan a todos, expresiones vertidas en una de las últimas asambleas” que se organizó el gremio de los empleados judiciales.

“Seguramente estas tareas de inteligencia de sesgo paramilitar o parapolicial son realizadas en exceso o fuera de la órbita de las directivas o mandato emanadas por las más altas autoridades de esta casa de justicia y los derechos humanos, por lo tanto solicito respetuosamente que se arbitren los medios a fin de establecer si dicha conducta no conculcaría algún derecho de raigambre constitucional, a fin de que cesen dichas actividades o tareas, caso contrario me vería obligado a recurrir por otra vía”, manifestó.

El despojo de tierras en la versión de El Mundo de España

Ramón, el campesino perseguido, en una foto del diario El Mundo.

“La madrugada del 8 de setiembre de 2008 Susana Yedro cerró despacio la puerta de su casa para no despertar a Ramón, su compañero de vida. Era muy temprano todavía, y debía tomar el autobús que la llevara hacia Quimilí, el pueblo más cercano, donde tenía visita concertada con el pediatra. Hacía 3 meses que ella y Ramón habían sido padres, y tocaba un control médico para asegurarse que Santiago estaba bien.”

Este es el comienzo de una larga crónica que el diario El mundo de España, dedica a Santiago del Estero, con el título “La vida tiene más valor que las tierras”.

Se trata de un despojo de tierras, otro más, perpetrado contra una humilde familia campesina por los barones locales de la soja y de una breve historia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

Susana contó al diario que “el silencio de la madrugada se rasgó. 4 camiones frenaron en seco y de ellos saltaron 30 policías y paramilitares armados. `Entraron a los tiros, rompiendo la puerta, las sillas y desordenándolo todo. Hirieron a Ramón en la pierna y a los otros les patearon. No les dieron ninguna explicación ni mostraron orden judicial`”.

Lo mismo que en otros cientos de casos de la historia reciente de los santiagueños.

La crónica continúa: “En los últimos tiempos, este tipo de maniobras eran comunes en Santiago del Estero.Grandes empresarios o terratenientes, ocultos siempre tras un testaferro, echaban a los campesinos de su tierra, quines a pesar de no tener escrituras de propiedad, llevaban toda una vida instalados allí. Eran los llamados “desalojos silenciosos”, que se aprovechaban de la falta de información de la gente de campo, que desconociendo sus derechos, se achicaba ante el acoso”.

En realidad lo que hace el diario español es notificar a los inversores españoles del peligro que existe si invierten en Santiago o la Argentina: “Hay familias que tienen varias causas abiertas a la vez porque de pronto aparecen 2 ó 3 personas distintas con títulos de propiedad sobre la misma tierra. Evidentemente, se trata de escrituras falsas que alguien les ha conseguido”, sostiene El Mundo.

La crónica cuenta las marchas de los campesinos para pedir justicia, el crecimiento del Movimiento Campesino ante las salvajes agresiones de algunos terratenientes, apoyados por policías y funcionarios. Y aunque la historia que cuenta tiene un final feliz, deja flotando la sospecha de que la corrupción es generalizada y está extendida por todos los rincones de la provincia.

El misterioso sobre con dinero encontrado en la finca de Alegre

La finca ultra allanada de Alegre

El acta del un testimonio que brindó el empleado de Julio Alegre, René Sandez, luego del tercer allanamiento a la finca del Zanjón, tiene varios elementos curiosos que no dejan de asombrar a quienes siguen de cerca la instrucción de la causa en su contra.

Cuando ya eran las tres de la tarde del lunes d17 de mayo y los funcionarios judiciales estaban a punto de retirarse  sin haber encontrado nada con los escáneres que trajeron para revisar el lugar, un funcionario de nombre Miguel Robles y el secretario del juzgado, Fernando Paradelo, insistieron en revisar una caja que tenía una cinta de caminar, que ya estaba en ese lugar desde antes de que Sandez, empezara a trabajar allí.

Alegre había comprado el aparato de gimnasia en 1995, pero nunca la armó ni abrió la caja, a tal punto que el cartón exterior demostraba el paso del tiempo y el deterioro, con evidentes signos de humedad y como si hubiera sido mordida por las ratas.

La caja estaba en el depósito, junto a las bebidas secuestradas y por ahí ya habían pasado los escáneres sin indicar anormalidad alguna. Luego de que la policía rodeara la caja, le indicaron a Sández que se retirara a otra habitación y luego lo volvieron a llamar para informarle que -¡oh!, ¡sorpresa!- al fin habían hallado el dinero que tanto buscaban.

Le exhibieron un sobre marrón, mediano, notoriamente nuevo, con otra cobertura de aluminio engomillado con dinero argentino y extranjero. Las sorpresas siguieron: antes de contar el dinero, un policía dijo expresamente “Aquí hay tres mil cien pesos”, con una exactitud asombrosa para un solo golpe de vista.

Luego el funcionario Robles comenzó a presionar a Sández para que diera datos del dinero, y lo amenazó con que caso contrario, lo llevaría preso. Lo mismo le dijeron a otro testigo, Ramón Ramos, que vive al lado de la finca allanada. Pero ninguno estuvo presente en el momento en que abrieron la caja, por lo que no saben si el dinero ya estaba allí o fue colocado ex profeso.

Los aprietes siguieron en el juzgado, donde lo llevaron a Sández, supuestamente para tomarle declaración, ya que le hacían preguntas tales como  ¿qué gente va a la finca?, ¿ahí se hacen jodas? A esto respondió que solamente iba la familia de Alegre los fines de semana. También le preguntaron sobre la entrada o salida de valijas y le reiteraron preguntas sobre el dinero encontrado en la cinta caminadora.

Además lo interrogaron acerca de cuándo había sido la última vez que había visto a Alegre y si tenía otras propiedades o inmuebles, cuánto ganaba.

Otra vez Rentas, como si con la muerte de Domínguez no bastara

Existe un “impuesto" que la mitad está a cargo del empleado y la otra mitad a cargo del empleador, para un fondo de Solidaridad Social destinado, presuntamente, para apoyar, a través del Ministerio de Salud, a gente cadenciada. Es un fondo creado durante la gestión de Carlos Juárez.

En total es el 1,5 % de la nomina salarial, donde el empleador aporta la mitad y la otra el empleado y/o obrero.

Todos los grandes gremios de Santiago, como por ejemplo Upcn, retienen ese importe a sus empleados.

Pero no lo depositan a la dirección general de Rentas, en base a un arreglo entre el gobierno de la provincia y los gremialistas amigos, sin observar que podría perpetrarse una estafa o defraudación.

Los empleadores pagan, pero algunos sindicalistas amigos estarían en deuda con Rentas.

Sobre un sueldo de 1.500 pesos hay que depositar más o menos 11 pesos por el empleado, y otros once pesos por el empleador.

Esta deuda ascendería a millones de pesos y, al parecer, se estaría pergeñando una condonación a favor de los “compañeros” gremialistas.

Claro que algún abogado avispado tendría que advertir que no son dineros que le pertenecen ni al gobierno ni a los gremios, sino que son del Fondo Solidario Social.

Nacul denunció al juez Coria Vignolo

Juan Carlos Nacul.

El abogado Juan Carlos Nacul, defensor del ex intendente Julio Alegre, presentó una denuncia contra el juez del Crimen de primera nominación, Juan Coria Vignolo, por “inconductas” que bloquean e impiden en forma sistemática a ejercer el ministerio profesional de defensa.

El profesional tucumano recurrió al Colegio reabogados de Santiago del Estero, al que le peticiona su avocamiento e intervención a fin de hacer cesar o morigerar los efectos del indebido e elegítimo proceder del juez denunciado.

Luego de consideraciones enjundiosas de carácter constitucionales, Nacul sostiene en su denuncia: “En los procesos seguidos a Julio Alegre el magistrado denunciado actúa inaudita parte, no dando participación alguna al Ministerio Público, como titular de la acción pública -art. 120 C.N.- y defensas, mucho menos las escucha, les provee las peticiones que se le formulan, maneja discrecionalmente los tiempos y plazos procesales y comete todo tipo de atropellos e inconductas procesales, configurativas en muchos casos de figuras penales de acción pública”.

Insiste el profesional: “Entonces si la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional definen al actual sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, como aquel proceso, contradictorio, dialéctico y coloquial, ¿cómo es posible entablar un procedimiento adversarial si las partes -fiscal y defensa- somos convidados de piedra?

Nacul denunció: “Desde el inicio de mi actuación profesional –diciembre de 2009 a la fecha- el magistrado denunciado, no ha provisto, decretado ni resuelto, ninguna petición que esta defensa le efectuara, dedicándose a acumular escritos sin decretar o resolver ni por la afirmativa ni mucho menos por la negativa, lo que posibilitaría a la defensa a recurrir ante el superior, en procura de obtener legítimos pronunciamientos útiles a sus pretensiones”.

Luego de extensos alegatos, el doctor Nacul denunció: “Llegó al extremo absurdo de abuso y exceso funcional, el magistrado denunciado, de secuestrar correspondencia electrónica -emails- enviados y remitidos desde la dirección de este defensor, donde se efectúan consultas entre colegas del país y extranjero, hecho vedado por la normativa de aplicación y sancionado con nulidad absoluta e insubsanable, incurriéndose en figuras penales de acción pública, tales como abuso de poder y autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de secreto profesional, arbitrariedad manifiesta, desconocimiento supino e ignorancia del derecho vigente, haciéndola acreedora a la justicia mediante su flagrante inconducta procesal, de hechos ilícitos”.

Relató el defensor que agotó los recursos previstos constitucional y procesalmente para exponer y expresas las quejas e impugnaciones que dan cuenta la presente denuncia, sin que haya logrado conmover al cuestionado magistrado, tal como queda demostrado con las presentaciones en fotocopias que se acompañan.

Asimismo, añadió: “El camino recorrido por los procesos seguidos a Julio Alegre están minados de nulidades absolutas, donde el magistrado ha profanado sistemática y reiteradamente la Constitución Nacional y provincial. Al punto tal que continúa a la fecha realizando allanamientos rimbombantes con previo llamado a los medios de comunicación, anunciando el hallazgo y secuestro de elementos incriminatorios sin que se digne notificar a la defensa a fin de que haga efectivo su derecho de control de parte y, con ello, garantizar el necesario contradictorio y el útil ejercicio profesional, hasta ahora vedado, bloqueado e impedido de parte del denunciado”.

Ya no hay dudas: Tarchini Saavedra no puede ser juez

Ramón Tarchini Saavedra.

Gerardo Zamora, como amigo de su ex pariente político, el juez de cuarta del Crimen, Ramón Tarchini Saavedra, tiene que tomar cartas en el asunto. Lo mismo debería hacer el ministro de Justicia, Ricardo Daives, como responsable directo de lo que pasa en el Poder Judicial; donde pasan muchas irregularidades que ya no se pueden tolerar.

Tarchini Saavedra acaba de perpetrar un hecho fantástico, sentado en su sillón de juez en comisión (o sea provisorio), donde cree que goza de todas las impunidades.

Acaba de entregarle un camión a un depositario judicial que se llama Luis Flores (a) “Rififí”, muy conocido en la policía y en la justicia por su abultado prontuario.

Pero resulta que el propietario al que le habían robado el camión, encontró a vehículo en la vía pública y se fue corriendo a la policía. Presentó la documentación pertinente que lo acredita como dueño del rodado y la denuncia de que lo habían robado. Allí, los uniformados le informaron que estaba entregado por el juez de cuarta a Luis Flores, al quien Tarchini Saavedra lo designó depositario judicial.

Como hubiera procedido cualquier afectado, el propietario del camión corrió a ver al juez de cuarta. Pero no tuvo suerte. El magistrado de Zamora y de Daives mantuvo su resolución designando a “Rififí” como depositario judicial.

¿A dónde podrá recurrir este pobre hombre ante tamaño despojo? ¿A los camaristas? ¿Al Superior Tribunal de Justicia? No, a ningún organismo de la provincia. O espera que pase el tiempo para cuando llegue la hora de las reparaciones, o denuncia en Buenos Aires. No tiene otro camino.

“Rififí” es un conocido “datero” de la policía. Por ello, muchos uniformados (y hasta jueces) lo amparan cuando comete algún ilícito. En la época que el D6 era conducido por “Chupa” Ramírez, “Rififí” manejó, por ejemplo, los camiones que la policía había asaltado en la ruta y despojado de cigarrillos a la conocida firma Nobleza y Piccardo.

Por todo ello creemos que Zamora y Daives no pueden permitir que Tarchini Saavedra siga integrando el elenco de jueces del Crimen de Santiago del Estero. Es sencillo, el juez de cuarta tiene una banda. Maneja una organización que puede decir que está integrada por amigos, pero es una banda al fin.

Cuando la Justicia mea en la vereda

Miguel A. Brevetta Rodriguez

 Luis D`Elia pegando a alguien que osó cuestionarlo.

No hace mucho tiempo la prensa nacional advirtió que un tribunal había recurrido a una cita de Dominicio Ulpiano (¿170?- 228 d.C.) para abonar su sentencia, lo que resulta un tanto extraño en atención al curso de la historia, los anales del derecho y el tiempo transcurrido. Pero, en materia judicial, en un país sin reglas de juego claras, nadie puede invocar sorpresa, cuando la realidad a diario, excede a la ficción.

Estos últimos años se han caracterizado por un desmedido manoseo institucional. La sucesión de dictaduras que gobernaron nuestro país –sin conciencia, ni formación jurídica- irrumpieron en el ámbito judicial desordenando y desnaturalizando el debido procedimiento legal, amén de las garantías constitucionales.

Y como no podía ser de otra manera, los más altos resortes jurisdiccionales, no tardaron en adecuar esos procedimientos vandálicos al deber ser, convalidando así actitudes ultra distantes con la naturaleza del derecho.

Superada la dictadura, parece que aún quedan resabios por desterrar, pues se conoce que más de un magistrado en lugar de juzgar con decoro e independencia, espera la orden “de arriba” previa a dictar sentencia. Digamos, que se convirtieron en meros engranajes funcionales al poder que los colocó en sus asientos, para desvirtuar la esencia del derecho.

Muchas veces nos negamos a admitir como cierto que estas cosas sean parte de este estado de derecho, que no termina de acomodarse, dentro de los causes normales por donde deben transitar los justiciables.

Hace unos días: “La Sala I de la Cámara en lo Penal Contravencional y de Faltas porteña confirmó ayer la absolución de Luis D'Elía por el corte de la avenida Rivadavia que llevó adelante el año pasado, en un fallo en el que se comparó esa movilización con las puebladas a Plaza de Mayo de 1811, en los albores de la Patria; el 17 de octubre de 1945 -Día de la Lealtad peronista-. La resolución a favor de D'Elía resaltó que en esas ocasiones los manifestantes tampoco pidieron permiso para movilizarse y exteriorizar sus reclamos y adhesiones.”1

De estos fallos, que se cuentan por miles, se podrían escribir innumerables libros de “humor legal”, pues no causan más que risa, cuando se supera la indignación. Sin dudas que el tribunal, no analizó como se debe, la verdadera causa del sumario, es decir que el alboroto producido por el pionero del “pikete”, era en apoyo a la candidatura de Kirchner a diputado nacional, donde también se le exigía "más morochos" en las nominas de candidatos.

¿Cómo es posible asimilar estas “bravuconadas pagas”, con hechos históricos como lo fueron las dos únicas revoluciones populares de 1811 y 1945, que se conocen en nuestro país? ¿Será necesario llegar a tanta obsecuencia para satisfacer los mandatos del mandamás de turno?

Lo triste de esta nota, es que no estamos en tratamiento de un hecho aislado, ni de un contratiempo realizado en solitario. Estas malas prácticas se reiteran a diario en toda la Argentina, como icono indiscutido de la sumisión de un poder ante otro, de iguales características y jerarquía. Tal vez la única diferencia sea, que el dominante dispone del efectivo.

Descubrir a nuestra justicia haciendo “injusticias” es lo mismo que sorprender a un digno caballero orinando en la vía pública. Lo que causa, un poco de risa y un tanto de indignación.

Fuente

1- Diario Perfil. 19/05/2009.-

La otra cara de la inauguración de Tribunales

El video que nadie mostró.

El día de la inauguración de un nuevo pabellón de los tribunales, un grupo de santiagueños quiso mostrar su disconformidad con que se haya construido una ampliación al mismo tiempo que se mantiene una situación de injusticia, con cerca de 40 muertos del Penal de Varones, cuyos familiares esperan que alguna vez vayan presos los culpables, lo mismo que los padres de Claudia Orozco, que claman porque alguien les diga quién mató a su hija.
Obviamente, la policía se hizo presente, no para acompañar a los manifestantes en su dolor sino para prohibirles el paso y de yapa hacer que las autoridades de la Nación que estaban presentes en el lugar, no se enteraran de lo que estaba sucediendo.
Los dos crímenes, junto al del humilde empleado de la dirección de Rentas, Raúl Domínguez, son baldones en la carrera política de un gobierno que se enorgullece de obras multimillonarias hechas con sobreprecios siderales, mientras hace estragos en los Derechos Humanos de los santiagueños, sin que ningún organismo provincial, nacional o internacional se anime a investigar a sus funcionarios, por ahora.

Lo que nadie recordará esta noche

Claudia Orozco, la matanza del Penal, Raúl Domínguez.

Esta noche, durante la inauguración de la ampliación del palacio de los Tribunales, es seguro que ningún funcionario de Santiago le dirá al ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que desde 1994 no hay jueces del crimen en Santiago, que están a tiro de decreto del Poder Ejecutivo y por lo tanto es posible que durante todos estos años no hayan llevado la instrucción conforme a derecho.

Ni uno solo de los invitados a subir al palco oficial, le contará que sigue sin aclararse el caso de Claudia Orozco, una joven que fue hallada muerta en su casa y cuya causa la Justicia pretende cerrar alegando que se suicidó cuando todas las pruebas indican que se trató de un crimen según las pruebas que han presentado sus padres.

En medio de los festejos, obviamente, nadie recordará los casi 40 muertos en el Penal de Varones, a sus familiares o sus deudos, simplemente porque se trataba de presos pobres, aunque algunos de ellos -si no la mayoría- tenían testimonios a rendir que hubieran comprometido la existencia de más de un funcionario de este gobierno.

Es posible que ninguno de los presentes se acuerde de Raúl Domínguez, el empleado de la dirección de Rentas de la provincia, hallado muerto, con su cuerpo descuartizado y comido por los perros, luego de que declarara saber quiénes eran los autores de una multimillonaria estafa en la repartición en la que trabajaba.

Es poco probable que hoy alguien tenga presente que la pobre gente que acude a los Tribunales desde los cuatro puntos de la provincia, debe hacer largas antesalas para satisfacer sus deseos de justicia. Esas antesalas en algunos casos duran años, pero se siguen viendo casos de juicios que llevan lustros y decenios sin que un tribunal se anime a expedirse.

Pocos recordarán hoy los campesinos cuyo derecho a la propiedad, el más liberal de los derechos, viene siendo conculcado sistemáticamente desde hace varios años, a fin de dar satisfacción a las demandas de empresarios de la agricultura, que buscan lugar para sembrar un forraje para los chanchos de China.

Nada cambiará luego de esta noche, la justicia seguirá ausente de la provincia, todos los que subirán al palco esta noche saben que los ladrillos de un edificio no dictan sentencia, pero nadie lo recordará en voz alta.

Más tribunales es igual a menos justicia

Un moderno edificio inaugurarán las autoridades de Santiago.

Con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, este jueves se inaugurará la ampliación del Palacio de Tribunales de Santiago, con la que se incorporan mas de diez mil metros cuadrados de superficie cubierta, al actual edificio.

Es lo que dice la noticia oficial, que se olvida, obviamente, de explicar que los jueces del crimen en la provincia, continúan en comisión, a tiro de decreto del Poder Ejecutivo, como hace seis largos años.

Algunos abogados, en los pasillos de Tribunales, se imaginaron qué hubiera pasado si a Carlos Arturo Juárez, cuando era gobernador se le hubiera olvidado regularizar la situación de estos magistrados. “Ahora habría multitudinarias marchas pidiendo la intervención a la provincia, los organismos internacionales de derechos humanos no dejarían de repetir que en Santiago no hay justicia y se multiplicarían en el Congreso Nacional los pedidos de intervención federal”, calculó uno de ellos.

Quien lea la noticia creerá que Santiago es un cantón suizo, ya que nada dice de los plantones que deben soportar quienes acuden a los tribunales en busca de justicia, de los jueces que miran para otro lado cuando se trata de juzgar delitos cometidos por miembros del poder Ejecutivo o de tropelías tales como dejar que mueran 40 internos en el Penal de varones y que a tres años de ocurridas las muertas, que todavía no se sepa quién fue el culpable de esas muertes.

Entre otros atropellos, claro.

Este jueves, las autoridades judiciales y políticas de Santiago tratarán de hacer creer a la gente que la Justicia es un edificio más o menos feo tapando el sol por la calle Yrigoyen, quizás alguno de los oradores se anime a hablar de honestidad, otro diga que la Justicia es ciega y tiene una balanza en una mano, no faltarán las bombas de estruendo como en los últimos actos políticos de Santiago y quizás se cuele algún bombo.

En el fondo de los pasillos de los viejos Tribunales, a la hora de los discursos los fantasmas de tantas injusticias se reirán a más no poder de tanta hipocresía junta.