Más torpezas en el “caso Alegre”

El encarcelamiento y procesamiento al ex intendente radical Julio Alegre no dejan de sorprender. Los jueces y sus mandamases cometen, todos los días, una torpeza que, jurídicamente, encuadraría en el término de “aberración”.

Otra curiosidad: no hablan los fiscales ni los jueces, sino voceros anónimos que envenenan y conducen a las equivocaciones a los cronistas. Por ejemplo, se ha anunciado con bombos y platillos que “la justicia se dispone a rematar y liquidar los bienes de Alegre”.

¡Muchachos, si todavía no ha sido condenado, dejen de mentir, engañar y reírse de la gente de Santiago del Estero!

Todo el mundo sabe que la única que autoriza a rematar y liquidar bienes de un detenido es una sentencia firme y consentida, la que se logra, exclusivamente, en un juicio oral.

Está de más el aspaviento con el que se sale corriendo a difundir y propagar que se van a rematar los bienes del ex intendente. Sí, pero no ahora, sino recién cuando un juicio oral determine su culpabilidad y, consecuentemente, se lo condene. En este estado de las diligencias y de la causa, nadie podría rematarle los bienes. Es todo mentira.

Además, se anota otra torpeza. Los que salen a decir que le van a rematar todos los bienes no leen, por ejemplo, la resolución del juez ordenando el procesamiento. Debe saber la gente que el magistrado estableció, que el “daño patrimonial a la comuna -perpetrada por Alegre- asciende a 1.200.000 pesos”.

Fijémonos que si eso afirma el juez, Alegre pagaría el perjuicio con su finca de El Zanjón, la que ha sido valuada por los técnicos de Arquitectura en 1.270.000 pesos.

Entonces, ¿para qué le van a embargar todo el patrimonio? ¿No resultaría una retención arbitraria y abusiva? ¿Por qué los que manejan a los jueces no les dicen que aumenten, en sus resoluciones, el importe del daño patrimonial a la comuna, de tal modo que se justifique arrasar con todo lo que lleve la firma de Alegre?

Y las torpezas no cesan. Se ha procedido a evaluar bienes que no están a nombre de Alegre sino de terceros o sociedades, como los departamentos de Córdoba (comprados por su primo) y el piso en Punta del Este (que pertenece a una sociedad).

Si sigue así, la “causa Alegre” va a quedar en la nada porque estos “instructores” de la Casa de Gobierno (que manejan a los jueces) dejan sembrado el camino de impericias, habilitando a los abogados para que logren la nulidad de todas y cada una de las actuaciones.