Deyes Sosa
Por más que se pretenda tapar con un manto de semi olvido la gestión del inefable Julito Alegre, las nuevas autoridades del municipio capitalino son observadas, desde todos los ángulos donde se pueda apuntar lo que vienen realizando sus autoridades.
Pareciera que nada ha pasado desde la mediática detención y posterior encarcelamiento del ex Intendente, pues no se acallan los rumores denunciando que la actual gestión es cien veces peor que la anterior.
Para no exagerar en detalles, se conoció que hace unos días el intendente Hugo Infante designó en el cargo de Fiscal Municipal ad hoc al abogado Héctor Manuel Ibarra, quien vino a reemplazar la vacante dejada por Pablo de la Rúa que se encuentra al frente de una vocalía en la Cámara del Trabajo.
El primer acto administrativo del flamante fiscal fue designar a su mujer, Marta Camuñas, con generoso contrato, para que se encargue de la atención de los juicios referentes a las cobranzas por ejecución fiscal.
El marido de la abogada en cuestión y el intendente Infante, se “olvidaron” de la existencia del Estatuto del Empleado Público que casualmente es coincidente con el Régimen Legal del Agente Municipal que a su vez : “prohíbe a los agentes municipales celebrar contratos con los funcionarios y dependientes del municipio por si o por interpósitas personas con el Municipio”
Es decir que estamos ante una designación que no solo falta a la ética del funcionario público, sino que excede el nepotismo y acusa a una posible connivencia entre el fiscal, encargado de velar por los intereses del Estado y su señora esposa que cosechará cuantiosos honorarios y los compartirá con su cónyuge mediante la sociedad establecida por el matrimonio.
Y pensar que el fiscal, es quien debe proteger la legalidad, la moralidad y la legitimidad de los actos de gobierno, es el órgano de contralor inmediato y directo de lo que hace el Ejecutivo.
En otras palabras tiene la misión de proteger a los dineros públicos que también son de los contribuyentes y dar muestras acabadas de probidad y cordura en el cargo público que se le ha encomendado. Y no precisamente para que nombre a su mujer, abriendo el camino de la sospecha ante una ulterior parcialidad en el accionar de ambos funcionarios públicos.
Nos preguntamos. ¿Cuál es la razón y la urgencia de caer nuevamente en la inmoralidad y la corrupción dentro de un estamento público tan cuestionado? ¿Sabe el gobernador de estos “chanchullos” que no son menores, atento a los montos que originan los juicios ejecutivos? ¿Se delinque con la venia del gobernador o éste nada sabe de estos artilugios?
Entonces, queremos que sepan que los estamos vigilando y por lo pronto les decimos que se dejen de joder.
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