Juan Gasparini
Gustavo Béliz.
La presunta tentativa de manipular el juicio oral que debe celebrarse próximamente contra Gustavo Beliz, al parecer impulsada desde el actual gobierno y la Secretaría de Inteligencia del Estado para conseguir una condena indebida del primer ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, revela el supuesto encubrimiento que protege a la corrupción en Argentina.
En apariencia, Beliz debe comparecer por haber violado secretos “políticos y militares” mostrando en televisión la fotografía de Horacio Antonio Stiuso, alias Jaime, monje negro de la Secretaría , el servicio de inteligencia que depende exclusivamente del Presidente de la Nación. Cuando lo expulsaran del gobierno en julio del 2004, Beliz denunció a Stiuso, personaje público y conocido de la prensa, imputándole liderar una suerte de “Estado paralelo que genera un nivel de impunidad que no se quiere tocar”, osadía que ahora podría costarle 6 años de cárcel.
Lo ocurrido en tales circunstancias pude investigarlo en mi libro, El pacto Menem-Kirchner (Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios), lanzado en abril del 2009 por Sudamericana, cuyos anexos no publicados en la edición impresa, vídeos, fotos, pruebas documentales y el seguimiento periodístico desde entonces, podrán consultar en mi portal de internet www.juangasparini.com
La persecución contra Beliz constituiría una venganza por haber desnudado la falsedad de las promesas iniciales de Néstor Kirchner al asumir su mandato en 2003, que ilusionaban con la repatriación de los 7 millones de dólares atribuidos a Carlos Menem y a su secretario privado, Ramón Hernández, detectados en la banca helvética. La lucha por el retorno de ese dinero cesó poco después que echaran a Beliz, todo en fechas del 2004, cuando a su vez aterrizaran en el Credit Suisse de Zurich los denominados “fondos de Santa Cruz”. Como se sabe, de aquellos 500 millones de dólares sacados del país por el gobernador Kirchner, solo volvieron 390 millones de dólares en 2008, y nunca se determinó lo sucedido con la diferencia.
La forzada partida de Beliz precedió la decisión de mantener el blindaje de “los jueces de la servilleta”. Kirchner dejó de lado diluir el poder a los 12 magistrados de la Capital Federal , unificando los fueros penales en 57 juzgados para la ciudad de Buenos Aires. Beliz pretendía acompañar esa medida con la instauración de los juicios por jurados populares para los delitos comunes más graves, particularmente los que afectaban a la administración pública, contrarrestando de ese modo cualquier perspectiva de arreglo fomentado por el poder político, pero todo eso quedó en la nada.
El rechazado proyecto de Beliz se apoyaba en el armado de un “FBI argentino”, con rango de Subsecretaria, dotada de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dirigida por una personalidad civil elegida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El diseño respondía a la voluntad de sanear los aparatos de justicia y seguridad, otorgándoles a los civiles nombrados democráticamente la supervisión de la represión interna, junto a la potestad de revisar los estatutos de la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esta última perdía así su razón de ser. Se programaba incluso quitarle sus posibilidades de intervención a lo ancho del país en los llamados “delitos complejos”, como los secuestros, el narcotráfico, la falsificación de documentos y ciertas infracciones económicas.
Beliz se ganó enemistades por alentar el ascenso de civiles a puestos claves en la Policía Federal , la que bajo su gestión sufrió una purga sin precedentes, con la limpieza de 500 de sus oficiales y suboficiales, cuya jefatura debía ceder al Ministerio de Justicia la nominación inmediata de los responsables de las 53 comisarías de la capital, contemplando traspasarlas ulteriormente a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La arquitectura se reforzaba con una Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad, estipulando la vigilancia de sus licitaciones por alguien no uniformado.
El megaplan de Beliz preconizaba la aplicación de un régimen penal especial para menores entre 14 y 18 años, el aumento de controles en la venta de teléfonos celulares y de tenencia y portación de armas de fuego, una limitación a las excarcelaciones y cambios en la ley de drogas, la reforma al Consejo de la Magistratura , modificaciones de la asociación ilícita y una ley para la protección de testigos.
También eliminaba la competencia electoral de un juzgado federal de Buenos Aires, para acabar con "la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y sus actos electorales", uno de los aspectos que explicaría la proliferación de la corrupción en Argentina. Y arremetía contra los fiscales, imponiéndoles revalidas cada cinco años para que rindieran cuentas de su desempeño a organismos estatales con presencia de representantes de la sociedad civil.
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