La declaración insta a la prosecución de las causas judiciales con la mayor celeridad a fin de que se sancione a los responsables de los hechos y a la reparación de las víctimas y familiares.
El proyecto pescó dormido al presidente de la bancada oficialista, Manuel Juárez quien, en un determinado momento quiso reaccionar, indicando que no se había votado el tratamiento sobre tablas del proyecto, algo que acababa de ocurrir. Luego, a la hora de votar, los legisladores del frente cívico titubearon y no lo hicieron hasta que Juárez no levantó su mano.
Un segundo artículo, puesto como trampa para incautos por los autores del proyecto, Mabel Mathieu, Walter Santa Cruz, Nélida Solorza y Raúl Lorenzo, fue la excusa que usó Juárez para manifestar que la iniciativa debía aprobarse. Allí se apoya “las acciones de gobierno tendientes a mejorar las condiciones de la vida carcelaria”, entre otras supuestas loas al gobierno de la provincia
La oposición -José Zavalía y Francisco Cavallotti- aprovechó para recordar la trágica jornada del 4 de noviembre del 2007. Pero mientras Zavalía pidió buscar responsabilidades políticas, Cavallotti echó la culpa a “una administración de justicia ominosa” a la vez que reveló que no se trató de un accidente ya que tenía informes de que cuatro internos aparecieron con impactos de balas de goma.
Un pequeño desacuerdo hubo también entre la diputada Mathieu, ya que mientras ella sostuvo que hubo 40 muertos en lo que hoy se denomina “Masacre del penal de varones”, Zavalía y Cavallotti bajaron la cifra a 39.
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