“Hay una matriz que se repite reveladoramente. Menores abusadas por concubinos de sus madres o familiares durante años. Silencio absoluto de las menores durante todo ese período. Madres o familiares que no perciben nada. Escuelas que no ven cambios en la conducta de las víctimas. Amigos que ignoran todo. Organismos del Estado, especialmente dedicados a proteger y cuidar la integridad de la mujer y de la niñez, totalmente ausentes. De pronto, se confirma el embarazo de la menor, y abuelas, familiares, docentes, jueces, psicólogos judiciales, gobernadores, legisladores, el INADI, el Ministerio de Salud de la Nación , el Consejo Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación , salen a pedir un ‘aborto estatal gratuito’ para ‘reestablecer’ la ‘salud psíquica’ de la menor vulnerada”. Así lo expresa un comunicado de la ONG Pro-Vida en el que se denuncia la “técnica para imponer el aborto en nuestra sociedad”.
El texto, firmado por Roberto Castellano, presidente, y María Laura Garmendia, secretaria, prosigue destacando que "obviamente, en caso de ser cierto las supuestas violaciones, a nadie le importó que sucedieran o hizo algo previo para evitar el estado de promiscuidad en que la víctima vivía”, y agrega: “Se rechazan todos los pedidos de adopción que se formulan. Sólo interesa usarlas como precedentes para imponer el aborto en el país, se necesita imperiosamente hacer el aborto y que tenga difusión. Conclusión, se termina matando a un bebé inocente e indefenso, porque así se tiene el justificativo para cumplir con la agenda externa impuesta a nuestra sociedad”.
“La menor vuelve, después de asesinado su hijo, al lugar donde era abusada. Los supuestos violadores, siguen con vida y no deben hacerse cargo de mantener criatura alguna. Este es el ciclo que se viene repitiendo para imponer la desaparición forzada de bebés como política de Estado”, concluye el comunicado.
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