Hace más de dos que se cajoneó en los tribunales ordinarios de Santiago del Estero la causa de la masacre en la Cárcel Pública de Alsina 850, donde fueron asesinados entre 39 y 41 reclusos, y pensar que esa noche de la tragedia, el todavía juez del Crimen, Ramón Tarchini Saavedra, juramentó a los familiares que investigará “hasta las últimas consecuencias”.
Los abogados de los familiares de los presos asesinados, sorprendentemente, han seguido la “onda” del gobierno provincial y, con su silencio, avalan esta decisión no escrita de “dormir” la causa.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno de Zamora, en este tren, están convencidos de que los santiagueños van a olvidarse de la peor matanza que se perpetró a detenidos indefensos y que perdieron la vida acorralados en pabellones que estaban cerrados con llaves.
Pero por sobre esta “política de derechos humanos” que practica la administración radical-kirchnerista, con la complicidad de los abogados que tienen el poder de los familiares de los asesinados, un abogado-político está elaborando una estrategia con el propósito de reflotar el tema, reiniciar una investigación exhaustiva e imputar a los verdaderos responsables materiales y políticos de la matanza de detenidos.
No hay que olvidar que todo comenzó aquel domingo a la tarde, cuando los detenidos y sus visitas reaccionaron por el trato indignante a los que se sometían a sus familiares en la guardia y en las requisas.
Se sabe que los guardiacárceles manoseaban a los familiares que llegaban a visitar a sus presos (sobre todo a esposas e hijas), con el pretexto de detectar si ingresaban drogas.
Más tarde, también se tomó conocimiento que algunos guardiacárceles eran estrictos en estos controles para que nadie, del exterior, les hiciera competencia a su “tarea extra” de proveer (vender) droga y estupefacientes a los detenidos.
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