Cristina Fernández en el atril.
Tras lanzar duras acusaciones contra los diarios Clarín y La Nación por la adquisición de la empresa Papel Prensa, la presidenta Cristina Kirchner anunció que acudirá a la Justicia para que investigue esa operación.
Asimismo, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para controlar la producción de papel de diario. "Voy a enviar esta semana al otro poder del Estado, en el cual somos minoría en ambas cámaras, un proyecto de ley cuyos ejes serán declarar de interés público la producción de pasta de celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización", afirmó la jefa del Estado, en un acto en Casa Rosada.
Enseguida, continuó: "Ese proyecto de ley también encomendará al Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente por una sola empresa con premisas fundamentales como tratamiento igualitario para todos los diarios en precio, condiciones y cantidades. También una política de mayor inversión en la que el Estado va a participar para que no tenga que importarse papel".
En una nueva embestida contra los medios, el gobierno presentó un informe crítico titulado "Papel Prensa, la verdad", que apuntó a cuestionar la compra de la empresa. En este contexto, la Presidenta adelantó que la Casa Rosada enviará a la Justicia el material sobre lo investigado respecto a la adquisición de la empresa.
La exposición del informe, elaborado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estuvo a cargo de Beatriz Paglieri, directora en Papel Prensa por parte del Estado y colaboradora de Moreno en el Indec y del abogado Alberto González Arzac.
"Aquí se encuentran probanzas irrefutables sobre la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa S.A. por parte de los actuales grupos controlantes del sector privado", afirmó González Arzac, que dio a conocer los primeros detalles del informe, que será remitido "a los órganos competentes administrativos y judiciales".
Los accionistas privados de la empresa -La Nación y Clarín - denuncian hace meses que el gobierno busca apoderarse de la compañía, que hasta ahora nunca había recibido ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su adquisición.
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