El diputado provincial de la UCR, doctor José Luis Zavalía, hará conocer mañana martes a la Legislatura lo que considera “una intromisión” del Poder Judicial a las actividades del Parlamento santiagueño y, en consecuencia, exigirá “el rechazo” a este procedimiento que vulnera el Estado de Derecho y la división de los poderes.
Concretamente, se queja porque los jueces provinciales dieron curso a la causa caratulada “Querella promovida por Claudia Alejandra Ledesma de Zamora (segunda esposa del gobernador Gerardo Zamora), contra José Luis Zavalía e Inés Trógolo de Marozzi por el supuesto delito de calumnias e injurias y acción civil por daño moral”.
“Estamos frente a un acto intimidatorio y coercitivo al ejercicio de la función legislativa”, fundamentó Zavalía.
Hay que recordar que la causa judicial se originó por un simple proyecto de comunicación y pedido de informes presentado por los dos legisladores radicales, el 24 de julio del año pasado, quienes intentaron conocer la titularidad de una propiedad.
A criterio de Zavalía, la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Corrrecional competente, donde se tramita la causa, debería haber rechazado “in limine”, puesto que el hecho que se pretende imputar no encuadra en una figura penal (Título II, Juicios Especiales, Capítulo II, Juicios por Delitos de Acción Privada. Calumnias e Injurias. Pto. 4 in fine, del Código de Procedimiento en lo Criminal y Correccional), ya que no hubo imputación alguna que pueda dar lugar a la figura jurídica planteada. Se trata lisa y llanamente de un proyecto de comunicación presentado a los fines de determinar la titularidad de una propiedad”.
Con claridad, Zavalía expresa que tampoco el tribunal de alzada interviniente tuvo en cuenta que la Constitución Nacional, en su artículo 68 y la Constitución provincial en su artículo 125, consagran expresamente la inmunidad de expresión de la siguiente manera:
“Ninguno de los miembros del Congreso podrá ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Los legisladores no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones y votos que emitieren en el desempeño de sus mandatos”.
Agrega el legislador de la UCR: “Cabe destacar el carácter que revisten las partes de esta cuestión, debido a la relación conyugal que tiene la querellante, Claudia Ledesma de Zamora, con la máxima autoridad de la provincia, es decir el gobernador, quien designara oportunamente a los integrantes del tribunal de alzada, además de estar ‘en comisión’ y, por otro lado, los querellados, representantes de un poder independiente, integran la oposición en el Poder Legislativo, ocasionando un conflicto de poderes”.
Incluso, Zavalía deja constancia la grave omisión perpetrada por el tribunal de alzada como por la parte querellante, al no haber tenido en cuenta la modificación al Código Penal, mediante la ley 26.551. por la cual el artículo 109, en su parte pertinente, establece que ‘en ningún caso configuran delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.
¿De qué se trata? Zavalía lo rememora: “Buscamos, con el proyecto, información de tierras que son o fueron fiscales, y actuamos en defensa de los intereses de los pequeños pobladores, porque lo solicitado en la iniciativa legislativa obedecía a un manifiesto interés público, no inmutándose delito alguno”.
Llama la atención del parlamentario radical que a pesar del tiempo transcurrido, nadie haya respondido el pedido de informes sobre el dominio de las tierras de Agua Amarga, Pellegrini, y de la supuesta afectación a su nombre por la señora del gobernador Zamora.
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