Rubén Rabanal
La confusión ganó definitivamente al Congreso. En tren de buscar caminos legales para bloquearle decretos y vetos al gobierno, la oposición se sumió en un abismo de discusiones reglamentarias y constitucionales que ya dividen a las dos cámaras.
El oficialismo en esto no tiene fisuras: se opone a cualquier intento de declarar nulo el DNU del Fondo de Desendeudamiento y más aún a aceptar que lo votado por Diputados la semana pasada implique un rechazo al veto parcial de Cristina de Kirchner a la ley de partidos políticos. En definitiva: está en juego definir si las cámaras tienen poder o no para frenar un veto presidencial sin apelar a una mayoría calificada, lo que abre en el futuro un mar de interrogantes para la lapicera presidencial.
En la oposición, esa discusión, incomprensible en términos técnicos para cualquier mortal, implica la diferencia entre la vida y la muerte de los decretos que firma la Presidente. Peor aún cuando en el Senado no hay convencimiento de que lo hecho en Diputados se ajuste a la Constitución y los reglamentos.
En términos más banales: es la pelea entre el liderazgo jurídico de Elisa Carrió en el Senado (que convenció en esta estrategia a radicales como Ricardo Gil Lavedra) y las dudas que muestran los radicales y Julio Cobos en el Senado sobre esos procedimientos.
Es decir, temen que la oposición, en su afán por frenar a los Kirchner, pague el costo de dividirse una vez más.
Mas allá de los argumentos que se ventilan desde hace semanas, el jueves pasado en la madrugada comenzó a consolidarse en Diputados una doctrina sostenida por Carrió, abonada por Ricardo Gil Lavedra y tolerada por el macrismo. Se sometió a votación ese día el rechazo al veto de Cristina de Kirchner a dos artículos de la reforma política que ampliaban la posibilidad de representación a los partidos más chicos.
La oposición argumentó que esos artículos modificaban el sentido de la ley y específicamente violaban el acuerdo parlamentario entre oficialistas y opositores que permitió votar la reforma política con la mayoría calificada que exige la Constitución en ambas cámaras. Es decir: Cristina de Kirchner no dudó en ese veto ni siquiera ante el acuerdo que Agustín Rossi y Miguel Pichetto habían cerrado con la oposición.
Frente a ese argumento, los diputados aplicaron el procedimiento de tratamiento de los decretos de vetos parciales que está incluido en la Bicameral de control de los DNU, sólo para el caso de que esas tachas presidenciales alteren el sentido completo de la ley que aprobó el Congreso. La diferencia es clave: por esa vía pueden rechazar esa observación parcial de la Presidente por mayoría simple y no con los dos tercios que exige la Constitución para el procedimiento normal. Así, Carrió, el radical Oscar Aguad y el macrista Federico Pinedo dieron por rechazado ese veto la noche del miércoles pasado.
Pero quedó una incógnita en el camino: ¿aceptará el Senado aplicar el mismo razonamiento?
La decisión deberá tomarla el recinto. Para ser más claros: el radicalismo y Julio Cobos deben reunir la fuerza suficiente para imponerle un criterio al kirchnerismo.
En ese caso, como el rechazo fue al decreto que usó Cristina de Kirchner para vetar y no al veto en sí mismo, la Presidente debe reformular su cuestionamiento a los dos artículos observados o emitir un nuevo veto.
El camino es tan peligroso como inexplorado. Es la primera vez que el Congreso avanza, por creación también de Carrió, en un camino alternativo para rechazar un veto presidencial, tomando para hacerlo la propia ley de control de los DNU que hizo aprobar Cristina de Kirchner en 2006 cuando residía en el Senado.
Será tan complicado consensuar entre las dos cámaras como la segunda votación que la oposición consiguió esa noche en Diputados cuando declaró la nulidad absoluta e insanable del DNU 2.010/2009 con el que Cristina de Kirchner había lanzado el Fondo del Bicentenario.
De nuevo aquí apareció la creatividad opositora: en el recinto se modificó el dictamen de la Bicameral de los DNU que recomendaba rechazar el decreto avanzando con un nuevo texto que consagró la nulidad, un concepto que obliga a invalidar todos los efectos, hacia atrás y hacia adelante, que haya producido.
En el Senado no hay convencimiento aún de que una resolución de las cámaras alcance para declarar nulo un DNU. Por lo que puede terminar aprobando, el día que vuelva a sesionar esa cámara, una resolución de rechazo al decreto distinta de la de Diputados. El peligro es evidente: no sólo se produce un estiramiento de los límites de la ley, sino que puede terminar perdiendo la oposición una oportunidad clave para consagrar la estrategia en contra de los decretos que intenta imponer desde enero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario