Alcadio Oña
"Ni un peso más", parece decir Kirchner.
La reforma a la coparticipación que proyecta lanzar el gobierno parece, en realidad, una jugada para gambetear los reclamos de los gobernadores por el impuesto al cheque y por los casi 10.000 millones de pesos retenidos de los ATN. Una cosa demandaría un proceso prolongado y trabajosas negociaciones. La otra está a tiro, si es que de verdad se quiere atender la situación fiscal de las provincias.
Para empezar, cualquier cambio al sistema de reparto de la recaudación impositiva nacional requiere la aprobación unánime de los gobernadores. Basta con que uno se oponga, para que el proceso se empantane.
Es obvio que ninguna provincia aceptará resignar un solo peso de lo que le toca por la coparticipación. O sea, que deberá ser el gobierno nacional quien ceda recursos: ¿alguien cree que esto es posible hoy?
Luego, aparecerán los gobernadores que reclamen por una tajada mayor de la "copa". Claramente, el de Buenos Aires, la provincia que más aporta a la recaudación y más pierde con el actual sistema de reparto. En la misma ronda entrarán por lo menos la Ciudad Autónoma , Santa Fe y Córdoba.
Es cierto que en algún momento debiera empezarse a discutir una reforma, tan siquiera porque está largamente vencido el plazo que impone la Constitución de 1994: debió estar sancionada en 1996. También, porque de tantos parches el régimen vigente es tan intrincado como insostenible.
Nuevamente, si de verdad el gobierno quiere atender la situación fiscal de las provincias puede aceptar ya la coparticipación plena del impuesto al cheque. Y en simultáneo validar una ley que disponga el reparto de los llamados ATN.
Los dos cambios están planteados hoy en el Congreso, no sólo por la oposición sino también por legisladores del propio oficialismo. Y tienen la ventaja de que implican ingresos rápidos e imprescindibles hasta para pagar salarios, mientras que la coparticipación general es, en el mejor de los casos, una mejora para el largo plazo.
El problema es el gobierno. Siempre preocupado por la caja y jamás inclinado a ceder recursos directos, no está dispuesto a transigir: lo dijo la mismísima Presidenta, poniendo por delante la necesidad de dar prioridad a las necesidades sociales.
Hoy el 85% de la recaudación del impuesto al cheque se queda en la Nación , incluida la ANSeS. Y sólo el 15% va a las provincias.
Puesto en cálculos de la consultora Economía & Regiones, esto significa 20.968 millones de pesos para un lado y 3.707 millones para el otro. Así de desigual es el reparto de un gravamen al que mucho aportan el interior y la Capital.
Si se modificase la distribución, según uno de los proyecto en debate, entre abril y diciembre las provincias recibirían 10.440 millones. Y el Tesoro Nacional perdería 8.870 millones. Demasiada plata como para que el poder central admita la concesión.
También sería de implementación sencilla distribuir los casi 10.000 millones por los ATN que el gobierno mantiene retenidos: bastaría con considerar un proyecto de ley que el ex diputado peronista Jorge Sarghini presentó el año pasado.
Los Adelantos del Tesoro Nacional están constituidos, centralmente, por una parte del Impuesto a las Ganancias. Les corresponden rigurosamente a las provincias, pero la Secretaría de Hacienda los utiliza para cubrir sus propias obligaciones financieras.
Hay más todavía. Si la voluntad de tener en cuenta a las provincias es real, podría cumplirse con la ley que les garantiza un piso del 34% de la recaudación de impuestos nacionales.
Según surge de un informe de la consultora abeceb.com, esa ley se incumple desde 2002. El año pasado, sólo se llegó al 30,8% y en 2008, a un exiguo 29,7%. Obviamente, lo que no va a las provincias se lo apropia la Nación.
En origen, la coparticipación les asignaba a las provincias el 56,66%. Y es evidente que todos los parches que hubo fueron en perjuicio de ellas.
Desde los tiempos del sistema previsional desfondado por la privatización, la ANSeS retiene el 10% del IVA, un 20% de Ganancias y porciones de otros impuestos. Es, otra vez, plata que resignan las provincias, aunque el sistema ya no sea privado sino estatal y la salud financiera del organismo haya mejorado significativamente.
En cualquiera de todos estos casos, el kirchnerismo siempre levanta la banderas de los planes sociales. O, como con el DNU de las reservas, la solidez fiscal del país: se entiende, del país "macrocefálico" tal cual Cristina Kirchner llamó a la distribución de los ingresos fiscales cuando era senadora por Santa Cruz.
Como otros, pueden ser argumentos aceptables, pero es al fin plata que atiende las necesidades propias y permite capitalizar anuncios. Desde luego, pasan por alto las urgencias financieras provinciales: no es casual, así, la lista de demandas por el reparto de los fondos que desde el interior han llegado hasta la Corte Suprema.
Esta claro que cuanto mayor sea la debilidad de los gobernadores mayor será su subordinación a la caja del poder. Aquí hay una buena explicación a la intransigencia de los K con el impuesto al cheque, los ATN o cualquier otro recurso en juego.
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