Néstor Kirchner.
Así lo determinó la Sala II de la Cámara al resolver una cuestión de competencia entre la magistrada federal de Río Gallegos Ana Álvarez y el juez Norberto Oyarbide, de la Capital Federal.
La causa fue originada por una denuncia que impulsó Edgardo Carranza, representante de una empresa dedicada a la construcción, y quien según dijo había presentado un proyecto de urbanización en la zona del viejo aeródromo de El Calafate.
Carranza denunció que el ex presidente habría cedido “ilegítimamente” los terrenos fiscales de El Calafate al intendente local, para luego apoderarse de los mejores lotes.
En la causa, el juez Oyarbide declinó hacerse cargo del caso por cuestiones de competencia territorial, y remitió las actuaciones a la justicia federal de Río Gallegos, pero allí también negaron tramitar la investigación.
Ahora, la Sala II de la Cámara , en coincidencia con el fiscal general Germán Moldes, sostuvo que “los hechos denunciados deben ser investigados por el juzgado federal de Río Gallegos”.
En su resolución, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah invocaron el artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación , el cual establece que para investigar una denuncia, “será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito”.
En la Justicia Federal de Río Gallegos -recordaron los jueces- “se tramita una pesquisa con objeto análogo, que tiende, al igual que ésta, a determinar si en la municipalidad de El Calafate se adjudicaron terrenos en un modo diferenciado, en beneficio de Néstor Kirchner y otras personas que estarían vinculadas a él”.
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