Abusos de la cadena nacional

Jorge R. Enríquez

Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de su desafortunado mensaje del lunes a la Asamblea Legislativa, la Presidenta insistió con su raíd oratorio, esta vez por cadena nacional, luego de que la oposición controlara la mayoría de las comisiones en el Senado y dictaminara en la Comisión de Acuerdos el rechazo del pliego de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central.

En primer lugar, es inadmisible el abuso de la cadena nacional, que sólo debería ser empleada en casos verdaderamente excepcionales, para la difusión de expresiones panfletarias, propias de una tribuna partidaria y no del sitial del primer magistrado. Es un acto prepotente que condena a millones de argentinos a apagar los televisores y las radios antes que tolerar diatribas de pésimo nivel.

Ayer se había anunciado otro, levantado a último momento. El motivo de la cancelación del discurso por cadena nacional fue, según la señora de Kirchner, que a esa hora iban a jugar San Lorenzo y Chacarita... ¿Se requiere algo más para demostrar la banalidad del uso de un instrumento que debería ser usado sólo en casos muy graves?

El discurso por cadena nacional estuvo en línea con el que había brindado el lunes anterior ante la Asamblea Legislativa, que sirvió de pantalla a la 'Operación Boquete' que simultáneamente llevaba a cabo el Directorio del Banco Central siguiendo las instrucciones impartidas desde Olivos. Pero en esta ocasión la señora de Kirchner fue aún más lejos. Al afirmar que no permitirá que un juez decida sobre las reservas, ¿qué quiso decir? ¿Que incurrirá nuevamente -como lo hizo mediante el último decreto de necesidad y urgencia- en desobediencia frente a una resolución judicial? Su mal desempeño hace tiempo que justificaría el juicio político. ¿Quiere agregarle ahora a esa causal la de comisión de delitos en el ejercicio de la función?

A las habituales teorías conspirativas la Presidenta les ha sumado con patético desparpajo la intromisión en la vida privada de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Dra. Claudia Rodríguez Vidal  que hizo lugar a la medida cautelar de suspensión de efectos del Decreto 298/2010, al comentar que es la pareja de otro juez. Y, por si fuera poco, denunció que había jueces alquilados, expresión que, en el contexto de su alocución, sólo podía alcanzar a los magistrados que dictaron o confirmaron medidas cautelares respecto de los decretos que pretendieron extraer fondos del Banco Central. Seguramente hay algún que otro juez alquilado por el gobierno: por suerte para nuestras instituciones, hay también juezas dignas que han puesto un límite a tantos atropellos.

Frente a tales afirmaciones temerarias, el doctor Carlos Fayt, ministro de la Corte Suprema de Justicia desde 1983, no se escudó en la habitual reticencia de los magistrados y dijo esta mañana lo que había que decir: que eran “tonterías”. Los voceros del oficialismo ya salieron a criticarlo duramente, pero deberían saber que es una pelea de antemano perdida: la credibilidad de Fayt es enormemente superior a la de los Kirchner.

Los Kirchner no están acostumbrados a los límites republicanos. Por eso, no es descartable que intenten alguna forma de fujimorización, no abierta sino con sordina, procurando ignorar al Congreso Nacional y a la Justicia. Si así fuera, nos esperan días tormentosos porque la sociedad está harta y no lo permitirá.

Hay en marcha negociaciones en el Senado para encauzar la crisis política. La oposición radical está actuando con mucho sentido de la responsabilidad. Deberá estar también muy alerta: no sea cosa que esta negociación sea otra cortina de humo para ganar tiempo mientras Néstor Kirchner trama su próxima jugada, en la que las palabras diálogo y consenso difícilmente que figuren.

Reservas

La línea argumental del gobierno para justificar sus decisiones sobre el tema de las reservas es esta: si no usamos las reservas o no podemos pagar la deuda (lo que es malo) o sólo podemos hacerlo realizando un ajuste "neoliberal", que disminuya, entre otras cosas, los gastos sociales (lo que es peor). Por eso, la oposición - que incluye al "Partido Judicial" - quiere "defaultear" la deuda o incurrir en un ajuste salvaje.

Se trata, como siempre en el discurso kirchnerista, de una falacia.

Salvo algunos sectores de la izquierda, nadie propone que no se pague la deuda. Algunos legisladores de ese sector insisten con la remanida teoría de la ilegitimidad de la deuda. Cuesta entender qué significa ese concepto. Una cosa es que la deuda haya sido contraída irresponsablemente, de manera excesiva o que los fondos recibidos se hayan usado mal. Es una cuestión interna de la Argentina, que es del todo irrelevante para los acreedores, ya sea es locales o externos, por títulos de la deuda emitidos por nuestro país.

 Si yo emito un pagaré y recibo dinero a cambio, mi mujer me podrá acusar de ser un pródigo, de gastarla en usos suntuarios o en el casino, pero todo eso no tiene ninguna importancia frente a mi acreedor.

 Ahora bien, la oposición seria no dice eso. Dice, sí, que lo que en verdad esconden el fenecido Fondo del Bicentenario y el suspendido Fondo del Desendeudamiento es un déficit fiscal mayúsculo. Si hay que acudir a las reservas para pagar la deuda, entonces el presupuesto aprobado por el oficialismo a fin del año pasado, que ya preveía partidas para el pago de la deuda, es mentiroso.

 Y este es el gran tema. ¿Se dieron cuenta pocos días después de que el Congreso sancionara el presupuesto a gusto y "piacere" de los Kirchner que no alcanzaba la plata? ¿Hubo alguna circunstancia especial en esos pocos días que nadie -salvo Kirchner- vio? Y si así fue, ¿por qué nunca se la mencionó?

 Son preguntas retóricas, porque todos sabemos la verdad: el presupuesto es un dibujo.

 Por lo tanto, lo que debe hacerse es reformular el presupuesto sobre bases veraces.

 Si parte de las reservas pueden afectarse a la garantía del pago de la deuda o inclusive a saldar parte de ella es algo que el Congreso debe analizar. A priori, nadie niega que tal vez una de esas alternativas pueda seguirse, si bien con gran cautela porque en un país con los antecedentes  inflacionarios de la Argentina es conveniente mantener altas las reservas.

 Se quiso hacerle un "by pass" al Congreso por dos veces, la segunda en sus propias narices. Es un agravio institucional serio que debe ser reparado.