Un guardiacárcel con una víctima de la masacre.
El domingo 4 de noviembre del 2007, fueron muertos entre treinta y cuatro y algo más de cuarenta reclusos luego de una infernal masacre que se desató en el Penal Varones de Santiago del Estero. Los números difieren según las fuentes y toda búsqueda periodística sobre el particular choca con un cerrado silencio oficial.
Hasta hoy nadie tiene información confiable sobre el particular y quienes la tienen se siguen negando a entregarla a la prensa. Un periodista de Arena Política preguntó sobre las actuaciones que se labraron en la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Hugo Figueroa, pero le dieron la increíble respuesta de que el expediente que formaron fue remitido al ministerio de Gobierno sin que quedara ninguna copia en la dependencia.
Es decir que la oficina encargada de defender a los santiagueños en sus derechos fundamentales, no ha guardado ni un duplicado para seguir -aunque fuere de lejos- un expediente en el que debería ser la principal interesada.
El blog “Prisiones y penas dijo:
“El saldo estremecedor que dejó la revuelta santiagueña llegó lejos: desde Wáshington, el 6 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno argentino que investigara el incendio que terminó con treinta y cuatro reclusos muertos en el penal de Santiago del Estero y tomara los recaudos necesarios para evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro”.
Quienes perdieron la vida en la masacre, eran en su mayoría jóvenes de no más de 25 años y de barriadas muy humildes en las que abunda la falta de trabajo genuino, las postas sanitarias no tienen insumos mínimos, las escuelas son meros comedores comunitarios. En esos barrios -Río Dulce, Pacará, Triángulo, Francisco de Aguirre- las detenciones arbitrarias, los abusos policiales y el gatillo fácil suceden todos los días y la venta de drogas es protegida por el mismo aparato represivo que dice combatirla.
Hay detenidos que dicen haber visto a los guardia-cárceles reprimir primero y luego comenzar el fuego, también se denunció que se cortó el agua impidiendo que se extinguieran las llamas. Corrió la versión, nunca desmentida de que recién después de que no se escucharon más gritos en el pabellón 2 los guardias rompieron los candados y dejaron pasar a los bomberos. Los familiares también denunciaron que recibían los cuerpos marcados y con señales de brutales golpizas y sobre maltratos y vejámenes sufridos por las visitas ese trágico domingo.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Lionel Suárez, denunció que el edificio donde funciona el penal es “obsoleto” y advirtió que “los pabellones son una trampa mortal” para los detenidos que están allí alojados. Luego de esta confesión de parte, no presentó la renuncia a su cargo, como responsable de la masacre.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, manifestó que el motín “se produjo a raíz de un intento de fuga”. Pero un grupo de reclusos dio por tierra con los dichos del ministro y distribuyó una carta en la que explicó que el motín comenzó producto de la represión de los guardias ante un reclamo, a la vez que negó que se haya tratado de un intento de fuga frustrado.
Lo cierto es que hasta hoy no es posible saber qué pasó el 4 de noviembre del 2007 en el Penal de Varones, quiénes fueron los responsables políticos de la masacre y qué se ha hecho para reparar el mal causado a los familiares de las víctimas.
Fuentes
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