Guardiacárceles custodiando el motín y familiares de los presos fallecidos.
El informe 2010 de Amnistía Internacional, publicado hace unos días, trae un capítulo sobre la Argentina en el que se incluyó -entre otras- las condiciones de reclusión en las provincias de Santiago del Estero y Mendoza.
Expresa Amnistía: “Se recibieron informes sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados en las cárceles y los centros de detención de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza, así como sobre los actos de violencia y las torturas y otros malos tratos registrados en estos establecimientos. Las autoridades nacionales no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura.”
Amnistía Internacional es una organización que no depende de ningún gobierno, tiene fines humanitarios y trabaja para promover los derechos humanos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Fue fundada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson.
El informe de este año de la entidad incluye, además de la denuncia sobre las condiciones de las cárceles de la provincia, investigaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, la impunidad y la justicia por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, amenazas contra testigos, violencia contra mujeres y niñas.
Los únicos que todavía no saben sobre las condiciones de detención en las cárceles y centros de detención de Santiago, son las autoridades judiciales y ejecutivas de la provincia, además de los diputados, que miran hacia cualquier parte cada vez que se menciona el tema.
El 6 y 7 de noviembre del 2007, en circunstancias que la justicia santiagueña no ha podido, no ha sabido o no ha querido aclarar todavía, murieron entre 30 y 40 reclusos en el Penal de Varones de la Alsina 850, la mayoría ahogados, luego de quemar colchones en uno de sus pabellones. La respuesta de las autoridades de la provincia fue manifestar que existían ataúdes suficientes para enterrar a todos los muertos. Al mismo tiempo, el presidente del Superior Tribunal, Lionel Suárez, sostuvo ante los medios: “los pabellones son una trampa mortal”. Y agregó: “El pabellón 2 no estaba destinado a presos de alta peligrosidad. El edificio es obsoleto y estamos en el límite de la capacidad operativa”.
Casi tres años después, las cárceles de Santiago continúan teniendo casos de violencia, tortura y malos tratos. La única novedad hasta ahora es el anuncio de la refacción del Penal de Varones, como si con algo de revoque en sus paredes se pudieran tapar las injusticias que allí se cometen.
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