viernes, 12 de marzo de 2010

Valoración de antecedentes docentes: fallas

El nuevo régimen no se aplica todavía.
Ante las graves fallas, irregularidades y choques legales de una ley, el Círculo Santiagueño de Enseñanza Media y Superior responsabilizó al ministerio de Educación de la provincia, pide su derogación y exige la apertura de paritarias.
Esto surgió luego de una extensa reunión de trabajo de la comisión directiva del Círculo, que hizo conocer un documento en el que alerta a los docentes sobre el régimen de valoración de antecedentes docentes, establecido en la ley 6976 en la sesión de los diputados del día de diciembre pasado.
“Este nuevo régimen -señala el Gremio- tiene plena vigencia, pero no se aplica aún, situación que afecta la seguridad jurídica. Hay presentaciones, en este sentido, de representantes electos en las juntas de calificaciones y en el consejo de educación, sin respuesta del gobierno”.
El documento gremial indica que una característica presente en la ley, es la grave desjerarquización de la carrera profesional docente, responsabiliza al ministerio de Educación de la provincia y a sectores vinculados con la mesa de trabajo docente, al tiempo que exige la apertura de paritarias como único camino para resolver la situación y derogar total o parcialmente la ley 6976, antes de su aplicación.
Entre otros, se cuestionan los siguientes aspectos de la ley:
a) Establece una tabla única de valoraciones, para todos los concursos y para todos los cargos, absolutamente carente de especificidades, de manera que “iguala para abajo” con fuerte tendencia a equiparar el título docente específico con cualquier otro, aún sólo de nivel secundario.
b) Permite valorar cursos sin auspicio alguno lo que, sumado a topes de valoración que se renuevan cada tres o cinco años, facilita la mercantilización y comercio de la capacitación y el perfeccionamiento docentes, que en los últimos años se había conseguido disminuir.
c) Avanza en la adjudicación de puntajes especiales y de privilegio para dirigentes gremiales y profesionales, no necesariamente docentes, hasta equiparar puntajes con los educadores que sí acreditan poseer formación específica, genuina capacitación, postítulos y otros títulos de grado y posgrado..
d) Anula la concepción de valoraciones específicas, de manera que deroga lo existente al respecto e impide valorar antecedentes propios y específicos para ascensos, para las modalidades artística, técnica, de educación especial, de educación de adultos, capacitación laboral, nivel superior. “En lugar de avanzar contemplando las históricas demandas de los docentes sobre la especificidad para cada nivel, modalidad y cargo, se sanciona una ley que da la espalda a la docencia igualando criterios y valoraciones cualquiera sea el concurso” afirma el gremio.
e) El artículo 10 permite que en los profesorados -nivel superior- pueda ejercer la cátedra cualquier persona, sin exigencia de título específico para este nivel y sin experiencia en la enseñanza, en abierta contradicción con las resoluciones oficiales del ministerio, referidas a la categorización de los títulos que rige en la provincia.
f) El artículo 17 establece un confuso procedimiento que reducirá los puntajes de los docentes más antiguos, con criterios de desigualdad, claramente inconstitucionales.      
“Los señalados precedentemente -dice el documento gremial- son algunos de los aspectos observados como muy graves e imposibles de solucionar con reglamentación. Consideramos que atentan contra la profesionalización docente sostenida en el país y en el mundo, y, lo peor, tendrán como consecuencia el empobrecimiento de la calidad de la educación en Santiago y la pérdida total de la profesionalidad adquirida, con esfuerzo y sacrificio por los docentes”.
El Círculo presentó y defendió ante la Cámara de Diputados, un proyecto distinto, surgido de talleres, asambleas y foros virtuales, que fue elevado con varios miles de firmas de docentes de la provincia.
Para los dirigentes sindicales aún hay tiempo de rectificar el rumbo y propusieron la derogación de la ley y su reemplazo por un régimen surgido de la discusión en paritarias.

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