Un funcionario que investiga algo obvio

Martín Díaz Achával.

El defensor del pueblo de la provincia, Martín Díaz Achával, uno de los políticos más promisorios durante su juventud, militando en la Unión Cívica Radical, en estos días, para no hacer la planchita, se dedica a investigar una de las obviedades más conocidas por los santiagueños: si el lago de Las Termas está contaminado o no.

Luego de haber pasado por la Cámara de Diputados como jefe del oficialismo, defendiendo durante cuatro años las políticas de Gerardo Zamora, cuando lo degradaron a Defensor del pueblo, en vez de dar media vuelta, pegar el portazo y marcharse hacia su casa, prefirió continuar medrando del presupuesto provincial, en un carguito que le permite seguir alentando esperanzas políticas.

La provincia no puede librarse del esquema de poder que impuso Carlos Arturo Juárez para gobernarla durante tantos años. Ningún funcionario se va definitivamente, todos quedan en el freezer, hasta que el dedo protector del gobierno los vuelve a llamar para ocuparse de algún asunto más relevante.

“Ver para creer”, dice Díaz Achával cuando funcionarios tucumanos le anuncian que este año durante la zafra de caña de azúcar no van a contaminar. Y cuando los ñañitas le dicen que este año largarán “cero cachaza y cero vinaza” o a lo sumo “un ochenta por ciento menos”, no se larga a reír a las carcajadas, como correspondería, si el anuncio fuera serio y comprometido.

Además sostuvo que el problema de Catamarca es que no tiene una defensoría,  pues de tenerla, “muy distinto el conflicto con las mineras”. Santiago sin embargo tiene un Defensor del Pueblo y cuando los médicos y enfermeros salieron a la calle a reclamar sus derechos, el funcionario no se acercó ni una sola vez a preguntar a qué venía tanto ruido. 

Muchos se preguntan qué haría Díaz Achával si las empresas mineras estuvieran en Santiago y el gobierno provincial ordenara no molestarlas. En ese sentido, la instalación de La Alumbrera en Catamarca fue providencial, ya que de otra manera el actual defensor y el anterior, Darío Alarcón, hubieran tenido que investigar adónde van a parar los fondos que el gobierno nacional envía a Santiago para terminar con el mal de Chagas entre otros urticantes temas.

Habría que estudiar qué ha sucedido con la institución del Defensor del Pueblo en la Argentina. Eran la esperanza de cobijo que tenían los ciudadanos comunes ante los atropellos del poder y al cabo, en muchas provincias se convirtieron en oficinas públicas descafeinadas, al gusto de los gobernantes, denunciando lejanos delitos en ajenas jurisdicciones cometidos por empresas extranjeras a las que les importa un rábano lo que un funcionario sudaca de tercer orden puede opinar de ellos.

Si el estudio acerca del curioso caso de Defensores del Pueblo oficialistas comienza por Santiago, quienes lo hagan podrían preguntar además cómo hacen muchos de los funcionarios de esta oficina para pasar directo y sin escalas a un puesto más jugoso en el Poder Judicial, de la mano de quien tenían que investigar.