Policías exonerados también marcharon con los trabajadores de la salud.
La más grande asonada de la policía de la provincia, se registró en Santiago del 5 al 10 de setiembre del 2006, cuando un millar de efectivos tomó la Jefatura de Policía en reclamo de mejoras salariales: el tema volvió a saltar a la consideración pública durante las marchas de los médicos, cuando 74 de esos policías desplegaron sus banderas para reclamar que ellos no fueron reincorporados como sus compañeros, que también estuvieron en la revuelta.
Según se vio en la televisión, el domingo 10 de setiembre el gobierno envió vándalos alcoholizados y drogados, con dirigentes políticos al frente, a quemar la Jefatura y si no hubo muertos es porque los policías no quisieron, se atrincheraron y se negaron a reprimir.
Luego de la revuelta, el gobernador, Gerardo Zamora, dictó un decreto de “necesidad y urgencia” por el que pasó a 115 efectivos a disponibilidad y sujetos a sumario. En la norma se establecía además que los sumarios se harían en el ámbito del ministerio de gobierno y serían sustanciados por los abogados de fiscalía de estado, reformando únicamente para esta situación, articulos de la ley de generalidades para el personal policial. Empero esta ley es clara cuando dice que los encargados de hacer los sumarios administrativos son el departamento judicial de la policía.
Es decir que se creó una comisión especial y leyes nuevas para juzgar supuestos delitos, lo que está expresamente penado por la Constitución de la Nación y la provincia.
Desde ese día se dejaron de pagar los sueldos a los policías sumariados cuando la situación de disponibilidad es para que los que afectados cobren la mitad, se les cancelaron las obras sociales y los seguros sin haberse sustanciado el sumario que podría haber probado lo contrario.
En sí, los sumarios estuvieron plagados de violaciones a las normas vigentes ya que se prorrogaron plazos que no correspondían, no se dio lugar a la actuación de los abogados de parte, se labraron actas de constatación a puertas cerradas, se glosaron escritos extemporáneos y se los acomodó entre las primeras hojas y se obligó a declarar a toda la cúpula policial, en declaraciones armadas, viciadas de contenidos subjetivos.
Al final, de los 115 volvieron 41 y al resto, los 74 restantes se los exoneró de la fuerza.
Los policías apelaron la medida ante el Poder Judicial, con la sustanciación de sumarios contenciosos administrativos.
A pesar de que este poder está subordinado a la voluntad del gobernador Zamora, los jueces se percataron de los atropellos jurídicos que se habían hecho en los sumarios administrativos del ministerio de gobierno, por lo que la sustanciación del juicio contencioso iba a favor de los policías. Cuando declararon los jefes policiales, muchos se desdijeron, dijeron no recordar los hechos, que no conocían a los imputados y hubo quien dijo que lo obligaron a declarar en el ministerio de gobierno.
Pero a pesar de que los sumerios ya concluyeron, el presidente del Superior Tribunal, Lionel Suárez, no se expide porque sabe que de dictaminar conforme a derecho, su fallo será favorable a los exonerados. Por ello, dicen los policías, tiene los sumarios “cajoneados”.
“Hoy somos objeto de persecución, muchos de nuestros compañeros se fueron a trabajar afuera de la provincia y los que quedaron trabajan en negro, porque si no, nos hacen echar”, dijeron estos policías en un escrito que hicieron llegar a este portal.
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