Tras la alocución de Oliva, surgió entre los legisladores un debate acerca de las competencias de la comisión de salud en relación a la crisis santiagueña, con dos posturas opuestas.
Un sector minoritario, conformado por la salteña Mónica Torfe, las tucumanas Susana Díaz y Miriam Gallardo y el cordobés Francisco Fortuna, opinó que la comisión debe limitarse a informar al Ministro de Salud de la Nación acerca de lo acontecido en la reunión. Cualquier otra intervención, como la propuesta por Lozano, “implicaría violar la autonomía provincial”. Susana Díaz, afín a José Alperovich -gobernador K aliado de Gerardo Zamora-, agregó al respecto que los autoconvocados son un “grupo menor que buscan crear un conflicto mayor” y que la comisión no debería contribuir a ese fin.
Otro sector, formado por Eduardo Macaluse, Claudio Lozano, Nora Iturraspe, Maria Luisa Storani, Elisa Carca, Horacio Piemonte y Héctor Flores, entre otros, se inclinó por una intervención más activa en el conflicto y consideró que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en caso de hacerlo, actuaría para acercar a las partes, lo que no implica de ningún modo vulnerar el federalismo ni la autonomía provincial.
En particular, Lozano opinó que la presencia del Obispo en carácter de mediador refleja que, al contrario de lo manifestado por Oliva, el conflicto existe y es mucho mayor de lo que el gobierno se anima reconocer.
Elisa Carca fue más allá y justificó un eventual accionar de la Comisión en los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina , ya que en Santiago, según lo expresado por los auto-convocados, no se respetan las mínimas garantías.
Antes de cerrar el debate, el presidente de la Comisión de Salud, en aras de conciliar ambas posiciones, manifestó que por el momento se citará a las autoridades provinciales pertinentes y a otros sectores involucrados, se estudiará la información disponible y que, luego de analizar con mayor detalle el caso presentado, se discutirán las eventuales medidas a adoptar, incluyendo una posible visita a Santiago del Estero.
La presencia del Obispo
confirma que el conflicto existe.
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