Qué va a inventar el gobierno de la provincia para esta semana es lo que se preguntan los santiagueños. Luego de la primera marcha masiva, jueves tras jueves ha renovado el repertorio de jugarretas y ardides para desactivarlas.
Primero fue el anuncio de que el problema estaba solucionado. Luego vino la noticia de que los servicios funcionaban normalmente. La semana siguiente fue la acusación de que los médicos habían dejado morir a una persona internada en un hospital. Las dos últimas tuvieron la novedad de la contra-marcha.
Esta semana comenzó con aprietes feroces contra los trabajadores de los hospitales. Algunos médicos debieron soportar que se les auditaran los consultorios en los sanatorios privados en los que trabajan, que investigaran su vida personal para averiguar si tienen parientes en la administración pública, que se les bloquearan las tarjetas para cobrar el sueldo o no les renovaran el contrato.
Piquetes de empleados de personal, recorrieron ayer los pasillos de los hospitales, planillas en mano, viendo quiénes estaban presentes y quiénes no, justo a la hora de la marcha de esta mañana.
Hubo también ofrecimientos de aumentos o de negociaciones con algunos de quienes se consideran los cabecillas de la protesta, pero tampoco esta infantil treta dio resultado.
A medida que pasa el tiempo, las nuevas medidas de coacción que ensaya el gobierno de Gerardo Zamora, en vez de desgastar el movimiento, lo fortalecen, ya que se afianza cada vez más en el seno de la conducción dura, el convencimiento de que todas las decisiones deben ser tomadas en asamblea. Eventualmente uno o dos dirigentes auto-convocados podrían ser comprados, pero todos no.
El pedido de los auto-convocados es simple: que vuelvan a trabajar todos los sancionados, despedidos y perseguidos, que se acepte que los auto-convocados existen y se acceda a negociar con ellos para empezar, y luego todo puede ir volviendo a la normalidad.
A la última marcha se sumaron numerosos particulares, gente común, de la calle, que no tiene ningún interés directo en la protesta, pero que ve con preocupación la escalada de violencia que genera el gobierno de la provincia. Que si no entiende que debe cesar en sus intentos por doblegar un movimiento que -en última instancia- lo único que desea es ayudarlo a terminar el mandato con una salud pública en franca recuperación, va camino también de darse de narices contra el muro de la ira popular.
Eso, si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no choca antes. Porque ahí sí que quedaría navegando al garete, en medio del enojo de los santiagueños por una parte y de la dirigencia nacional de la Unión Cívica Radical, que ya ha dicho que no le perdonará haberse convertido en peronista tratando de llevarse las banderas del centenario partido.
Foto: Los judiciales marcharon
ayer por el centro de Santiago.
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